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Aumentan las protestas después de que EEUU haya separado a 2.000 menores de sus padres

Varios gobernadores estadounidenses han anunciado que cancelan sus aportes a la militarización de la frontera con México con la Guardia Nacional ordenada por el Gobierno de Donald Trump por la política de separar a menores de sus padres tras cruzar la frontera. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles también ha pedido la reagrupación de las familias.

La Policía estadounidense registra a una mujer hondureña, con su hija delante. (John MOORE / AFP)
La Policía estadounidense registra a una mujer hondureña, con su hija delante. (John MOORE / AFP)

Gobernadores estadounidenses han cancelado sus aportes a la militarización de la frontera con México después de la decisión de Donald Trump de separar a los menores de sus familias tras cruzar sin permiso del Ejecutivo la frontera. Aunque la mayoría de estos gobernadores son demócratas, como los de Connecticut, Delaware, Carolina del Norte, Pensilvania, Nueva York, Virginia o Rhode Island, también hay algunos republicanos, como el de Massachusetts, Charlie Baker, o el de Maryland, Larry Hogan. Tanto Baker como Hogan, republicanos en estados de tradición demócrata, se presentan este noviembre a la reelección.

Los anuncios son, en su mayoría, simbólicos, ya que estos estados o no planeaban enviar grandes contingentes a la frontera o ya habían optado por no colaborar con la militarización ordenada por Trump desde antes. «En circunstancias normales, no dudaríamos en responder a la llamada, pero dado lo que sabemos sobre las políticas en efecto en la frontera, no puedo enviar a los delawereños a colaborar en esa misión», ha señalado por su parte el gobernador de Delaware, el demócrata John Carney.

Trump ordenó a principios de abril la militarización de la frontera con México con hasta 4.000 efectivos de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva bajo control de los estados, para combatir la inmigración. El estado que más ha contribuido a ese esfuerzo ha sido Texas con unos 1.400 uniformados.

Otros gobernadores republicanos también alzaron sus voces para oponerse a la separación de familias en la frontera, como el de Nebraska, Pete Ricketts; el de Florida, Rick Scott; o el de Illinois, Bruce Rauner, que pidió a Trump su suspensión.

Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha reclamado que si la intención de Trump es «continuar con las medidas de tolerancia cero» en la frontera con México, asegure al menos la reagrupación de las familias separadas. «Pedimos que si esta situación es así, al menos se debe garantizar que cuando los padres salgan serán reagrupados con sus hijos, ya que como hemos podido comprobar por ahora no se produce», ha señalado el director adjunto de Derechos Migratorios de la ACLU, Lee Gelernt.

El Gobierno de Trump reconoció la semana pasada haber separado de sus padres a 2.000 menores de edad que cruzaron de forma irregular la frontera entre el 19 de abril y el 31 de mayo. Las imágenes de los niños solos y encerrados que han divulgado los medios estadounidenses en los últimos días han sacudido a una gran parte de la opinión pública del país.