En un auto fechado el pasado 8 de junio, la Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana confirma la decisión tomada en primera instancia por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital donostiarra, que investiga el caso, y deniega la excarcelación que reclamaban los abogados de la defensa.

En su petición, estos letrados argumentaron que el «arraigo» de su cliente, de nacionalidad extranjera, permitiría su puesta en libertad, ya que la adopción de otras medidas cautelares «menos restrictivas» garantizarían igualmente su «sujección al proceso penal» abierto en su contra.

La defensa apeló asimismo a la supuesta «debilidad» de los indicios existentes contra su patrocinado quien, a su entender, sería víctima de un «efecto llamada» a la denuncia realizado en las redes sociales, y mantuvo que debido a las «dolencias médicas» que padece y sus «limitados» recursos económicos «difícilmente» podría eludir la acción de la justicia.

El auto de la Audiencia responde que los hechos por los que es investigado están «vinculados» a varios presuntos delitos contra la indemnidad sexual de las víctimas, quince de las cuales lo han identificado como «autor de tales ilícitos», que «pueden conllevar asociada una pena de cierta gravedad».

El escrito judicial señala además que estos «indicios» no derivan de una declaración aislada o «carente de soporte», sino de muchas personas «coincidentes» en «expresiones, mecánica comisiva, tiempo o lugar».

A juicio del tribunal, también existe en este caso «un evidente riesgo de reiteración delictiva», pues «el hecho de que su local se haya cerrado no excluye que trabaje en su casa, en otra ciudad donde el impacto mediático del asunto no haya sido tanto, o incluso en el extranjero».