Por cinco votos a cuatro –la mayoría conservadora ha inclinado la balanza–, los magistrados del Supremo han zanjado la batalla judicial que se venía librando desde el año pasado contra el veto migratorio aprobado por Trump, cuya última versión fue conocida en setiembre de 2017.

Los jueces alegan que los demandantes no han podido demostrar que la prohibición viola las leyes migratorias de Estados Unidos o la Primera Enmienda de la Constitución, que prohíbe al Gobierno federal favorecer a una religión por encima de otras, informan los medios estadounidenses.

La sentencia, por tanto, permite que el veto siga en vigor y abre la puerta a que Trump pueda incorporar a más países.

La última orden ejecutiva promulgada por Trump contemplaba límites para las entradas de personas procedentes de Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen. También afecta a Corea del Norte y a personas vinculadas a instituciones de Venezuela, aunque estas dos vertientes no fueron impugnadas en los tribunales.

En un principio Chad también estaba en la lista, pero fue excluido posteriormente.

El presidente del Supremo, John Roberts, ha firmado la opinión de la mayoría de los magistrados y ha apuntado que Trump puede suspender de forma discrecional la entrada de extranjeros en Estados Unidos. «El presidente ejercitó legalmente esta discrecionalidad de acuerdo a las conclusiones (...) de que la entrada de estos extranjeros iría en detrimento del interés nacional», ha escrito.

El propio mandatario ha celebrado en Twitter la decisión del Alto Tribunal: «El Tribunal Supremo mantiene el veto a los viajes de Trump. ¡Wow!».

En un comunicado posterior, ha dicho que el respaldo del Tribunal Supremo del país a su veto migratorio es «una victoria tremenda» para el país, y un revés a la «histeria» de los medios y la oposición demócrata.

«La sentencia de hoy del Tribunal Supremo es una victoria tremenda para el pueblo estadounidense y la Constitución», ha señalado Trump. 

La sentencia considera que Trump ejerció «legalmente» su poder para «suspender la entrada» de extranjeros al país.

Antes, el presidente estadounidense había impulsado otras dos prohibiciones de viaje.

La primera había sido aprobada en enero de 2017, justo después de su toma de posesión, y abarcaba a siete países de mayoría musulmana (Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen) durante 90 días y suspendía el programa de admisión de refugiados por 120 días, con excepciones de minorías religiosas.

Como resultado de esa orden, 700 viajeros fueron retenidos en los aeropuertos y 60.000 visados fueron revocados temporalmente, según datos del Departamento de Estado de EEUU, lo que generó un amplio caos en esas instalaciones en todo el país.

Dicha orden fue bloqueada por tribunales federales y el Ejecutivo preparó una segunda versión, tramitada en marzo de ese año, que eliminaba de la lista a Irak y suprimía las excepciones recogidas en el programa de admisión de refugiados, pero las cortes nacionales se opusieron de nuevo e impidieron su puesta en marcha.

Tras varios reveses judiciales, ese veto pudo entrar en vigor gracias al Tribunal Supremo, que permitió al Gobierno restringir el ingreso de aquellos que no tenían familia cercana en Estados Unidos.

Las restricciones eran temporales y cuando expiraron, en setiembre de 2017, Trump proclamó su tercer veto, que incluyó por primera vez a dos países sin mayoría musulmana, Corea del Norte y Venezuela, en los que las restricciones solo afectaron a algunos funcionarios y su «familia inmediata».

El Supremo permitió en diciembre su implementación de manera temporal.

La inclusión de dos países que no albergan una mayoría musulmana supuso un duro golpe a la argumentación de los demandantes, liderados por Hawai que habían apuntado a las declaraciones del magnate sobre la necesidad de implementar un veto contra los musulmanes y señalaban que discriminaba en base a la religión.

El nuevo fallo supone un refuerzo para Trump, pero sobre todo un respaldo a sus políticas acompañadas de una extravagante retórica antiinmigración que cimentó las bases de su campaña presidencial de 2016 y que mantiene durante su mandato.