La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Nafarroa que convoque una nueva vista para pedir el ingreso en prisión de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de ‘La Manada’, ante el riesgo de fuga que se manifiesta en su intento de conseguir el pasaporte pese a la prohibición de territorio español.

La Fiscalía General del Estado ha informado de esta petición después de que la Fiscalía de Nafarroa haya recibido la comunicación de la Jefatura Superior de la Policía española en la que le informa de ese intento, que se produjo en la mañana del lunes 25, apenas tres días después de su puesta en libertad bajo fianza. 

El Ministerio público ha solicitado también a la sala que deduzca testimonio del auto en el que se estableció la medida cautelar de no obtención de nuevo pasaporte y de la comunicación de la Policía informando oficialmente del hecho al juzgado de guardia de Sevilla por si los hechos pudieran ser constitutivos de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa. 

Según la agencia Efe, la jefa del equipo de expedición de esos documentos en la oficina de Tablada-Sevilla le comunicó la imposibilidad de realizar ese trámite por tener prohibida la salida del Estado, como sus otros cuatro compañeros de ‘La Manada’ condenados.

Antonio Manuel Guerrero había solicitado cita previa para realizar ese trámite y acudió a la oficina a las 11.30. Una hora después, se personó ante el juzgado de guardia de Sevilla para cumplir uno de los requisitos que le impuso la Audiencia de Nafarroa para dejarle libre.

Guerrero y sus compañeros se encuentran en libertad provisional desde el pasado viernes tras abonar la fianza de 6.000 euros que les impuso la Audiencia de Nafarroa para salir de prisión. El auto justificaba la puesta en libertad alegando que no había riesgo de fuga ni reiteración delictiva.

Como el resto de los condenados, el guardia civil debe comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia. También tiene prohibido ir a Madrid, lugar de residencia de su víctima, con la que tampoco se pueden comunicar por ningún medio o procedimiento.