En su primera comparecencia a petición propia en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados, Celaá ha expuesto los «principios rectores» de su proyecto, y ha defendido la escuela pública como «eje vertebrador del sistema».  

Ha confirmado que quiere revertir el Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que mantenía vigentes medidas como la posibilidad de elevación de las ratios de alumnos por aula hasta un 20%, el incremento de la jornada lectiva del personal docente hasta las 25 horas en educación infantil y 20 horas en las restantes enseñanzas y el aumento del plazo de sustitución de profesores hasta los diez días.

Respecto a la Lomce, ha anunciado la derogación del artículo 109.2, , que permite que la programación de la oferta de plazas escolares se establezca por «demanda social», algo que según e Ministerio ha dado pie a que en algunos casos la escuela concertada haya tenido preeminencia sobre la pública, como en los nuevos desarrollos urbanísticos de las ciudades. «La concertada será complementaria de las necesidades de escolarización», ha detallado Celaá.

Itinerarios «segregadores» fuera

El Gobierno derogará además los itinerarios «segregadores», como los ha calificado Celaá, que establecía la Lomce a partir de los 13 años y que «condicionan las opciones y el futuro del alumnado según su rendimiento». Asimismo, se eliminarán las reválidas  y se recuperarán los Programas de Diversificación Curricular para apoyar a los alumnados con más dificultades de rendimiento.

Del mismo modo, ha adelantado que abrirá un «tiempo de diálogo» con los centros concertados de educación segregada, que separan a niños y niñas y contravienen «los principios generales de la educación inclusiva y la coeducación», para intentar «acordar» un modelo educativo «igualitario».

«Anuncio que la religión no será computable con efectos académicos», ha añadido Celaá, que ha confirmado la creación de una asignatura de valores éticos centrada en «los derechos humanos» y las «virtudes civico-democráticas».