El pasado mes de junio la Mesa del Parlamento, tras una investigación abierta relacionada con los movimientos de esas tarjetas desde el inicio de la legislatura, acordó destituir al coordinador de seguridad, Carlos Madariaga, un ertzaina en comisión de servicio que llevaba en el cargo cerca de diez años, y remitió un informe a la Fiscalía de Araba por si los hechos pudiera ser constitutivos de delito.

Posteriormente, el Ministerio Público consideró que Madariaga podría haber cometido delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos y estafa en el uso que hizo de las tarjetas asignadas a los gastos de los vehículos oficiales y remitió el caso al juzgado de Instrucción número 3 de Gasteiz.

La Mesa de la Cámara acordó el pasado día 11 personarse como acusación particular ante este juzgado por estas diligencias y hoy este órgano parlamentario ha informado de que los servicios jurídicos han presentado ya el escrito correspondiente.

El caso llegó a la Mesa de la Cámara a iniciativa de la vicepresidenta primera de este órgano, Eva Blanco (EH Bildu), que detectó supuestas irregularidades en varias facturas.

Los miembros de la Mesa tienen asignados tres coches oficiales para sus traslados, servicios que tienen sus correspondientes tarjetas de crédito para utilizarlas exclusivamente en gasolineras (tanto para combustible como para otros productos que se venden en estos lugares). Estas tarjetas están invalidadas para su uso en otro tipo de comercios o servicios.

A las tres tenían acceso tanto los conductores de los vehículos como el cesado coordinador de seguridad, que fue sustituido en el cargo por Juan Carlos Uranga Elorduy.

Uno de esos vehículos, el asignado a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, se utiliza habitualmente, mientras que los otros dos coches están a disposición del resto de los miembros de la Mesa, cuatro parlamentarios, aunque este servicio solo es utilizado por uno de ellos, según informaron en su día fuentes parlamentarias.

Eva Blanco descubrió hace un año que las facturas de esas tarjetas «no cuadraban» porque los gastos atribuidos al coche que utiliza casi a diario la presidenta eran casi similares a los de los otros dos vehículos, que solo usa un parlamentario.

Entonces la Mesa decidió no investigar, pero en mayo retomó este asunto ante nuevos indicios que apuntaban a posibles irregularidades en el uso de esas tarjetas.

Blanco descubrió que en abril uno de los coches estuvo parado prácticamente todo el mes, pero el gasto de la tarjeta asignada a este vehículo fue similar al de los otros dos coches.

Así, la vicepresidenta primera volvió a llevar el tema a la Mesa, que acordó iniciar una investigación. Se pidió información a la entidad bancaria sobre los movimientos de las tarjetas desde el inicio de la legislatura, a finales de 2016.