En una vista celebrada este martes, la jueza del Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas tras constatar que no hay acuerdo entre las partes sobre el calendario a fijar para el proceso.

También se ha confirmado que el caso pasará a una sala de tres jueces, tal y como había solicitado la defensa de Llarena y ha aceptado el presidente del Tribunal, sin oposición de la otra parte.

En un primer intercambio de escritos, la defensa de Llarena, de la que también es parte el Estado español, solicitó un calendario para discutir únicamente sobre la «admisibilidad» del caso, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press.

La acusación, ejercida por Puigdemont y los exconsellers, por su parte, considera que la «admisibilidad» y el «fondo» de la demanda son cuestiones indivisibles y rechaza que sean tratadas por separado.

Así las cosas, las partes tienen ahora un plazo máximo de un mes para remitir al juzgado sus argumentos sobre el calendario del proceso y las cuestiones que creen deben juzgarse en el mismo. El juzgado –con un único juez– tendrá dos semanas más para tomar una decisión.

Todavía no se conoce la fecha para esa vista, calendario que se fijará una vez recibidos los alegatos de las partes.

No obstante, el abogado que coordina la defensa de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha señalado que no tendrá lugar antes de 2019.

Según los cálculos de la defensa del magistrado español, las audiencias para las alegaciones se fijarán «entre febrero y marzo».

Los demandantes sostienen que el juez instructor de la causa del 1-O vulneró su presunción de inocencia porque «no es imparcial».

La defensa del Estado español, que se ha personado en la causa y sufraga los gastos de la defensa, considera que Bélgica no tiene jurisdicción para «juzgar las acciones de la justicia española».