A los abogados de los suboficiales Tomás González Corral y Kepa Muriel Cano, así como de los agentes José Ignacio Moure, Dani Jhonny Fernández y Eduardo Guzmán, no les ha gustado nada que la acusación particular haya incidido en su informe en el «contexto político» en que se produjo la carga policial en la herriko taberna de Indautxu que acabó con la vida de Iñigo Cabacas. Jon Kepa Huertas pero, especialmente, Estefanía Rojo, han achacado a Jone Goirizelaia que no haya obviado la coyuntura política en que se produjeron los hechos.

Si lo ha hecho Iñaki Irizar, letrado del oficial Juan José de Pablo, que previamente ha tratado de exponer su informe después de las otras dos defensas, pero estas no han querido. El letrado se ha referido al contexto sociopolítico, al igual que la acusación particular y, a consecuencia del mismo, cómo actuaba la Ertzaintza. «No ha habido delito pero sí pecado», ha defendido, al igual que un cambio del modelo policial.

Irizar ha argumentado más adelante que se hará justicia cuando la mentalidad de los agentes cambie y con ello la percepción que la sociedad vasca en su conjunto tiene de la Policía autonómica.

Tomando en cuenta los protocolos en vigor en 2012, Irizar ha dicho que los acusados los cumplieron, no cometieron imprudencia o negligencia alguna. El abogado del oficial 3389 ha comentado que quiere entender que fue «por desconocimiento» por lo que se acudió al callejón y se ordenó cargar, citando la fijación del jefe de operaciones, ‘Ugarteko’, con la herriko como «territorio hostil».

Irizar ha añadido que, en caso de que se hubiera determinado que Cabacas fue herido en la primera carga, su defendido no habría llegado con la furgoneta F12 y que no actuó, por prudencia, aguardando a que se enviase a la Brigada Móvil desplegada en la explanada de San Mamés.

Ha reconocido que fue una actuación «negligente», como también ha cuestionado que otros mandos superiores a De Pablo no asuman sus responsabilidades en el caso. Ha terminado abrazando los argumentos del Ministerio Público de que no se puede establecer la causalidad entre la posición que adoptó su defendido como mando y la muerte del joven.

Declaraciones «bochornosas»

El abogado del suboficial Tomás González Corral ha asegurado que ha habido «contaminación» en las declaraciones ofrecidas por muchos de los testigos que estaban aquel día en el callejón, negando que se hayan preparado las de los ertzainas viendo sus «bochornosas declaraciones». Huertas ha insistido en que de la orden dada por su defendido no se puede concluir que fue responsable de la muerte de Cabacas.

Al igual que la otra letrada, Estefanía Rojo, con la que se ha complementado en la defensa de los cinco ertzainas, apoyados por la representación jurídica de Lakua, como no lo han ocultado, en esa plazuela de María Díaz de Haro hubo una «batalla campal» y en la actuación no solo participaron los ocupantes de los vehículos F14, F13 y F12, sino también previamente los de las F1 y F6. Ha dicho que el ataque «desmedido» a las dotaciones policiales es «innegable», sustentándose en testimonios confusos del conductor de un autobús y el de una ambulancia.

Huertas ha señalado que, aunque tres coacusados le atribuyen dar una orden de disparar, esta fue «inoperante». Además, ha estimado que esa declaración de los tres escopeteros no es suficiente para condenarle. Respecto a la intervención negligente, al igual que Irizar, ha señalado que estaba amparada en la normativa vigente que permitía disparar con los peloteros ante «una violencia extrema».

El letrado del suboficial 1283 ha concluido manifestando que la muerte de Iñigo Cabacas fue un hecho «injusto» y demandando que no se cometa la «injusticia» de condenar a su defendido.

Defensa dura de Rojo

Han sido, sin duda, la argumentación de Estefanía Rojo, abogada del suboficial Kepa Muriel Cano, así como la de los agentes José Ignacio Moure, Dani Jhonny Fernández y Eduardo Guzman, la que ha encendido los ánimos de la familia de la víctima dentro y fuera de la sala. La letrada ha dicho que los tres escopeteros «no fueron los únicos que dispararon allí» y ha arremetido contra la «resistencia absoluta» de ertzainas de otras dotaciones que estaban en la zona a decir que dispararon cuando hubo muchas detonaciones y pelotas.

Rojo ha llegado a calificar de «falsas» las declaraciones de agentes de otras furgonetas. A su juicio, la prueba testifical acredita que más ertzainas dispararon, añadiendo que los informes de balística de los peritos de la Policía española avalan la tesis de que la muerte del afcionado del Athletic fue un «accidente». Ha defendido que la autopsia no sirve para determinar la posición de la víctima, señalando que los escopeteros dispararon a 49 metros y no directo.

La última de las defensas en exponer su informe ha negado credibilidad a algunos de los vídeos que se aportan como prueba. Ha insistido en que no se puede atribuir una responsabilidad individual a los agentes por la muerte como tampoco al suboficial. Su orden, ha incidido, fue proporcional a los supuestos incidentes y no desproporcionada. Estefanía Rojo ha manifestado que el que haya habido una persona fallecida no supone que se hubiera cometido un delito.

Ha hecho mención a la manifestación que ayer recorrió el centro de Bilbo exigiendo justicia y referencia a gritos de «Policía asesina». «Mis defendidos no son asesinos ni imprudentes», ha enfatizado.