El pleno del Parlamento de Gasteiz ha dado el visto bueno a la tramitación de la reforma de la ley de reparación de víctimas de abusos policiales, una modificación impulsada para eludir el recurso presentado contra la ley original.

La modificación de esta ley, destinada a reconocer y reparar a los damnificados por abusos cometidos por las fuerzas policiales o parapoliciales entre 1978 y 1999, continuará a partir de ahora su tramitación en la Cámara autonómica.

Esta reforma legislativa es fruto de un acuerdo alcanzado el pasado mes de agosto por los gobiernos de Madrid y Gasteiz , por el que el Ejecutivo del PSOE aceptó retirar el recurso presentado en su día por el gabinete de Mariano Rajoy contra la ley original, al entender que invadía competencias de los tribunales.

Los cambios consensuados inciden, precisamente, en cuestiones que pretenden dejar claro que el objetivo y el ámbito de esta ley es la reparación de las víctimas de esta forma de violencia desde una perspectiva meramente «asistencial», sin entrar en ningún caso a ejercer el papel que corresponde a la Justicia. Pese a ello, sindicatos y colectivos policiales y de víctimas de ETA se muestran contrarios a esta norma.

«Imprescindible»

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha subrayado que esta ley es «imprescindible», ha lamentado que el PP «rechace»  reconocer a los damnificados por las vulneraciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, y ha criticado que el Estado haga «caso omiso» de una manera «escandalosa» al deber de «reparar» a estas víctimas.

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha explicado que el objetivo de la norma es dar respuesta a unas víctimas que han permanecido «olvidadas» y, de esa forma, acabar con «agravios injustos». Mendia, que considera que los cambios en el texto resuelven las «dudas» que podían existir sobre su constitucionalidad, ha remarcado que «asumir y reparar no es equiparar».

«Las acciones terroristas no justifican ni una sola vulneración que haya sido ejercida mediante abuso de poder, pero la existencia de vulneraciones de derechos humanos no puede tampoco ser presentada como un enfrentamiento entre dos violencias provocado por un conflicto político», ha argumentado.

Elkarrekin Podemos ha apoyado la tramitación del texto, aunque Pili Zabala ha remarcado que se queda «corto». La hermana de Joxi Zabala ha subrayado que el fondo es que el Estado español cometió delitos que causaron víctimas ha lamentado que la actual composición del TC no permite una ley más ambiciosa, como demuestra el caso navarro.

«Descafeinado»

Desde EH Bildu, Julen Arzuaga ha criticado que el «cepillado» de la ley original convierte la norma en un documento «descafeinado», en el que se plantea un «reconocimiento a la baja» de las víctimas de abusos policiales. Por ello, la formación soberanista se ha abstenido.

Arzuaga ha criticado además el ejercicio de «negacionismo» que desarrollan los sindicatos policiales respecto a las víctimas causadas por las fuerzas de seguridad. «Preocupa más el honor de los delincuentes de Estado que la dignidad de las víctimas», ha afirmado.

Por parte del PP, única formación que ha votado en contra, Carmelo Barrio ha defendido que la norma busca el «descrédito» de los cuerpos policiales y que pretende esclarecer unos hechos concretos arrogándose competencias de los tribunales.