Manuel Marchena era el candidato pactado por PSOE y PP para presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ y su renuncia significa que seguirá presidiendo la Sala que juzgará la causa contra el referéndum del 1-O.

En su comunicado Marchena explica que se ve obligado a hacer unas precisiones ante «las noticias divulgadas en los últimos días» acerca de su «hipotética designación como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial».

«Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal», comienza señalando.

Añade que su trayectoria como magistrado «ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional».

«El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo –de forma esencial como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados– es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado», agrega.

Y concluye: «Por todo ello anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso de que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial».

Poco después, el PP ha defendido la renuncia de Marchena y ha anunciado su decisión de suspender la renovación del CGPJ.

La formación atribuye la renuncia de Marchena a la «irresponsabilidad» del Ejecutivo español en la gestión del proceso de renovación y le acusa de haber filtrado a la prensa los detalles de la negociación parlamentaria.

Así, acusa al Gobierno de haber desgastado la Justicia, por lo que considera «acertada» la decisión del presidente de lo Penal del Tribunal Supremo de descartarse para el puesto.