La Guardia de Finanza, que ha conducido las investigaciones junto con la Policía italiana, ha establecido «que hubo un tratamiento ilegal de residuos en 44 ocasiones y por un total de 24.000 kilos de desechos», por lo que investiga a 24 personas, la mayoría personal de Médicos sin Fronteras, y ha inmovilizado el barco Aquarius de rescate de migrantes en el Mediterráneo Central bajo la acusación de «tratamiento ilegal de residuos considerados peligrosos»..

Entre los investigados se encuentran dos agentes marítimos, Gianino Francesco y Romeo Giovanni Ivan, y el resto son personal de la ONG pertenecientes al centro operativo de Bélgica y de Amsterdan, que se encargaban de la gestión de las misiones de rescate.

El resto son personal de la ONG pertenecientes al centro operativo de Bélgica y de Amsterdan, que se encargaban de la gestión de las misiones de rescate, pero también el comandante del Aquarius, el ruso Evgenii Talanin, y el primer oficial, el ucraniano Oleksandr Yurcchenko.

La Fiscalía ha dispuesto además el bloqueo de 460.000 euros en las cuentas de la ONG, que sería el ahorro por no haber realizado una correcta eliminación de los residuos.

La medida de inmovilización del Aquarius solo se producirá en el momento en el que el barco entre en aguas territoriales italianas o en algún puerto del país ya que actualmente se encuentra atracado en Marsella, indicaron fuentes de la investigación citadas por los medios italianos.

Según las acusaciones, los investigados «compartieron, planificaron y realizaron un proyecto delictivo para la eliminación ilegal de un ingente cuantitativo de residuos peligrosos y con el riesgo de que fueran infecciosos, algunos sanitarios, derivados de las actividades de socorro a inmigrantes con los barcos Vos Prudence (desde marzo de 2017 a julio 2017) y Aquarius (desde enero 2017 a mayo 2018)».

La acusación es la de no haber realizado una diferenciación selectiva de los normales residuos y de aquellos considerados peligrosos durante las escalas técnicas y para el desembarco de migrantes realizadas en los puertos sicilianos de Catania, Augusta Pozzallo, Trapani, Messina, Palermo y otros puertos italianos.

Se trata, señala el comunicado de la Fiscalía de Catania, de «la ropa contaminada que llevaban los extracomunitarios, restos de alimentos suministrados a estos, restos sanitarios infectados utilizados para la asistencia médica». «Las pesquisas, añade la nota, prueban que los investigados conocían el peligro de estos restos, como se puede observar en los informes redactados en los que se citaban casos de sarna, VIH, infecciones respiratorias como tuberculosos y meningitis».

En las transcripciones de las escuchas, facilitadas también por la Guardia de Finanza, se lee que el titular de la empresa MSA proponía precios menores en la gestión de los residuos si no se reconocía que existían posibles restos peligrosos.

Tras conocer la noticia, el ministro del Interior, Matteo Salvini, afirmó que había «hecho bien» en prohibir a las ONG llegar a los puertos italianos. «He hecho bien en bloquear a las ONG y no sólo por el tráfico de inmigrantes sino por lo que está emergiendo también por el tráfico de residuos», dijo, según una nota enviada a los medios.

Por su parte, la responsable de emergencias de MSF, Karline Kleijer, ha calificado en una nota la investigación de la Fiscalía de Catania de «un nuevo e inquietante intento de detener a cualquier coste la actividad de socorro y búsqueda en el mar».