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UPN critica el uso del palacio de Rozalejo como «local de hostelería clandestino»

Los grupos parlamentario y municipal de UPN han criticado el «consentimiento» que tanto el Gobierno de Nafarroa como el Ayuntamiento de Iruñea están ejerciendo en lo relacionado con el palacio Marqués de Rozalejo, el edificio que alberga el gaztetxe Maravillas, un inmueble que, según aseguran, es un «local de hostelería clandestino».

UPN ha criticado el uso del palacio de Rozalejo como «local de hostelería clandestino».
UPN ha criticado el uso del palacio de Rozalejo como «local de hostelería clandestino».

Así lo han afirmado  en rueda de prensa el parlamentario regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin y la concejala de UPN María Caballero.

Ante los medios de comunicación, Sánchez de Muniáin ha criticado el «consentimiento que el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento están haciendo con el uso del palacio Marqués de Rozalejo, para que sean la izquierda abertzale dueños y señores de un bien público que pertenece a todos».

En este sentido, ha lamentado que «la dejadez y pasividad de ambas administraciones y la connivencia con quienes están en estos momentos actuando como dueños y señores es absoluta».

«En realidad, la actividad principal es un local de hostelería clandestino sin licencia, con riesgos estructurales para las personas que entran allá y con un fraude masivo de impuestos porque no se declara ni un solo euro», ha indicado.

Según ha asegurado, se han producido ocho denuncias de Policía Municipal «por infracción muy grave, en este caso de la ley de espectáculos públicos, al realizar actividades sin licencia». Concretamente, el denunciado es el Gobierno de Nafarroa al ser el titular del local y el responsable último de su actividad.

De hecho, ha concretado que el consejero de Hacienda es «el responsable de todo lo que sucede ahí», porque los técnicos de Patrimonio elaboraron un informe en el mes de agosto donde reflejaban que hay riesgo estructural, sanitario y de incendio.

Sánchez de Muniáin, que ha subrayado que la que se está realizando en el edificio es «una actividad puramente económica que no la realizan unos okupas porque la mayoría van a dormir a sus casas», ha advertido que la efectúa «un grupo afín a uno de los partidos del gobierno».

«Se está consintiendo una ilegalidad a unos amigos del gobierno, mientras cualquier persona se tiene que someter a controles e inspecciones», ha lamentado el regionalista, que ha denunciado que se les permita «saltarse a la torera toda la normativa».

Tras recordar que la decisión de suspender el desalojo se produjo, a juicio del Gobierno, «por una decisión coyuntural» motivada por «un supuesto peligro de desórdenes», ha considerado que desde entonces han pasado cinco meses y «la supuesta situación que pudo motivar la suspensión del desalojo ya ha desaparecido».

«Sin embargo, están consintiendo tácitamente que se produzcan todas estas ilegalidades a estas personas que están ligadas a uno de los partidos del gobierno», ha trasladado.

Por su parte, Caballero ha relatado que las ocho denuncias interpuestas por Policía Municipal constatan actividad de hostelería, desarrollo de conciertos, e incluso venta de alcohol a jóvenes «que podrían ser menores», todo ello «sin ningún tipo de control ni autorización».

Además, Caballero ha denunciado que el edificio está sirviendo de «mural para las reivindicaciones» de los grupos políticos de los ‘okupas’, ya que «cada dos o tres semanas» colocan pancartas nuevas.

En condiciones normales, las sanciones interpuestas conllevarían multa de 6.000 a 60.000 euros, incluso podrían suponer la clausura del local. Sin embargo, los regionalistas han advertido que en este caso «nadie sabe qué ha sido de su tramitación».

«Es vergonzoso que al que cumple y al que paga los impuestos se le exige todo, y al que no, campa a sus anchas en la misma calle –ha aseverado-, no se puede entender».