La Diputación se presentará como acusación popular en los casos de dos personas ejecutadas por el franquismo en 1936 y dará su apoyo a las querellas que, paralelamente y en estrategia conjunta, interpondrán los familiares de dos víctimas: Florencia Olazagoitia Zeziaga, militante socialista natural de Arrasate, y José Ariztimuño ‘Aitzol’, conocido euskaltzale y clérigo nacido en Tolosa.

Ambos casos pueden considerarse como «simbólicos y emblemáticos en representación de la totalidad de las víctimas de Gipuzkoa», ha destacado la directora foral de Derechos Humanos, Maribel Vaquero.

Se intentará así, según palabras del diputado general, Markel Olano, «ayudar para que se abran nuevos resquicios al muro de impunidad tras el que se guarecen los crímenes del franquismo, sacando a la luz la verdad judicial».

Los representantes forales han apuntado que es la primera vez que se utiliza en la CAV la figura del «litigio estratégico» en casos de este tipo. Se trata de una recomendación del gabinete catalán de abogados Iridia, contratado por la Diputación. La abogada Anais Franquesa ha resaltado que el objetivo es «poder avanzar contra la impunidad franquista, que hasta el momento ha ido dominando la escena judicial».

«Estamos ante crímenes de lesa humanidad, que no prescriben. Es algo que está muy claro en la jurisprudencia española, pero cuando habla de otros procedimientos de otros países como puede ser la dictadura argentina. En cambio, cuando es el momento de aplicar esa misma jurisprudencia y legalidad en los cometidos en el Estado no se hace», ha destacado.

«Movimientos políticos de nuevo cuño»

En su intervención, el diputado general ha aludido a algunos movimientos políticos «de nuevo cuño», explicando que «estamos asistiendo a la revitalización de ideas de épocas que considerábamos superadas», en referencia a Vox. Según Olano, los postulados de estas fuerzas políticas «entroncan con el franquismo y con las políticas uniformizadoras más reaccionarias, y van en contra de los valores democráticos, de los avances sociales y del progreso».

Por su parte, el diputado de Cultura, Denis Itxaso, ha incidido en que las víctimas «tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación» y ha incidido en que «una parte esencial de la reparación y del trato justo que merecen consiste en el reconocimiento público de los derechos que les fueron arrebatados y en la reparación de los mismos».

La iniciativa viene sostenida con dos informes. El primero, solicitado a la Sociedad de Ciencias Aranzadi sobre casos de guipuzcoanos de los que se consta su «asesinato o desaparición forzosa» entre 1936 y 1944, recoge y documenta 979 casos.

El segundo, realizado por la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la EHU-UPV, considera que existen vías legales y argumentos suficientes para que la Diputación active la persecución de los delitos de motivación política cometidos en los años de la guerra y la postguerra en el territorio.

En Tolosa, contra Muñecas

Mientras, en Tolosa, seis personas han denunciado las torturas que padecieron a cargo del capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas en 1975 y 1976. Elixabete Nosellas, Jokin Sarasola, Martín José Zabaleta, Juan Goñi, José Begiristain y Juan Arangoa, este último en representación de su hermana Amparo Arangoa, ya fallecida, han denunciado las «actuaciones criminales» de Muñecas y otros guardias civiles «que durante años aterrorizaron a miles de jóvenes opositores antifranquistas en la zona de Tolosa, San Sebastián y Zarautz».

Josu Ibargutxi, portavoz de la plataforma para la querella contra los crímenes del franquismo, ha apuntado que esperan que el magistrado encargado de su análisis proceda como el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, que ha admitido a trámite una querella criminal por un delito de torturas cometido en 1971 por diversos policías adscritos a la Brigada Político-Social de esta ciudad.

Ha añadido que otras víctimas de tienen previsto presentar querellas por la actuación de Muñecas en juzgados de Donostia, Azpeitia y Bergara, entre otros.