«La concesión de préstamos por parte de Sodena a una empresa que, según uno de los socios, estaba en situación de quiebra en 2015, entre otras declaraciones, nos hace ver claros indicios de prevaricación y malversación, tras analizar las declaraciones jurídicamente», señala en un comunicado.

Al respecto, los populares dicen que están a la espera de lo que tenga que decir el vicepresidente Manu Ayerdi al respecto, en la comparecencia prevista para el 5 de febrero, para presentar una querella.

Tras señalar que cuanto más conocen «más obvio es que la inversión de dinero público se hizo sin las más mínimas garantías», remarcan que «el perjuicio ocasionado a las arcas públicas por conceder casi tres millones de euros a Davalor no puede quedar impune» y en ese sentido sostienen que Ayerdi «está totalmente inhabilitado» para continuar como consejero «por incompetencia en la administración de dinero público».