EL TSJN redujo ayer el justiprecio de unas parcelas del paraje de Oncineda de 108 euros el metro a 43 para la reclamación concreta de la empresa Herchi. Esto supone que el precio a pagar será de 731.074 y no de los 1.796.904 que fijó la junta de expropiación. En realidad, el ahorro es aún mayor, pues a ambas cantidades habrán de aplicarse intereses.

Por el momento, el millón ahorrado pasará a remanente de tesorería, pues la intervención fijó que había que reservar esta cantidad (junto con otros 1,6 millones reclamados por otra constructora) en los Presupuestos del presente año. Un millón de euros viene a ser un 10% del dinero que maneja la corporación en un ejercicio. En principio, esta sentencia de TSJN sienta un precedente para la reclamación de la otra constructora afectada.

Leoz ha explicado que estas indemnizaciones se derivan de que «la exalcaldesa socialista y su sucesora en el cargo, la exalcaldesa de UPN Begoña Ganuza, firmaron unos anexos a los convenios sin ajustarse a un procedimiento legal, y a espaldas del órgano competente del Gobierno».

Solo dos de estos convenios se mantienen vivos a entender del Ayuntamiento, puesto que el resto fueron anulados en virtud de estas irregularidades por el Consejo de Navarra. Eso no es óbice para que los procesos judiciales sigan vivos, ya que los afectados siguen reclamando la validez de sus acuerdos. Tampoco el Ayuntamiento renuncia a rebajar la tasación. Según sus cálculos, esos terrenos de la empresa Herchi cuestan 20 veces menos (2,25 euros el metro), por lo que no se descarta una casación ante el tribunal Supremo.

En su momento, la junta de expropiación decretó que habrían de pagarse a 108 euros el metro en función de una retasación que firmó Ganuza con otro propietario. El TSJN, sin embargo, entiende que esto no sería de aplicación puesto que los convenios de Herchi y otra constructora, Alhama, se firmaron con posterioridad a la tasación de 108 euros firmada por Ganuza. El consistorio critica que el TSJN no entrara al fondo de la validez del anexo que obliga al Ayuntamiento a adquirir esos terrenos. Entiende que, al igual que ocurre con los acuerdos anulados por el Consejo de Navarra, hay motivos para anularlo.