Tras la negativa de Quim Torra a retirar esos símbolos la Junta Electoral Central (JEC) ha decidido poner en marcha las tres vías de actuación a su alcance. Por un lado, ha cursado órdenes a la Consejería de Interior de la Generalitat para que los mossos retiren esos símbolos «partidistas», tanto los lazos amarillos y las esteladas como las otras pancartas «de similar contenido» que se han colocado como alternativa y que «siguen vulnerando el deber de neutralidad porque siguen hablando de los autodenominados presos políticos que son candidatos de dos partidos concretos (ERC y Junts-PDeCAT)».
En segundo lugar, se ha acordado abrir un expediente administrativo al president de la Generalitat «por no haber accedido a cumplir las órdenes de retirada de los símbolos», lo que podría desembocar en una sanción de 300 a 3.000 euros.
Y, en tercer lugar, se ha dado el primer paso en la vía penal, pues la JEC ha enviado las diligencias a la Fiscalía al «apreciar indicios» de que Torra ha incurrido en «un delito de desobediencia» que podría conllevar inhabilitación para ocupar un cargo público.