Tras cuidarla durante los treinta años que padeció esclerosis múltiple, con una dependencia absoluta, Ángel Hernández proporcionó ayer a María José Carrasco los medios para poner fin a su vida, algo que la afectada, con plenas facultades mentales, había demandado durante años. «No quiero dormirme, quiero morirme», aseguró en una entrevista en “El País” hace seis meses.

Fue el propio Hernández el que llamó a la policía para explicar los detalles de la muerte de Carrasco, tras lo cual fue detenido. Este mediodía, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha divulgado extractos de una carta de Hernández en la que explica el caso y asegura que «los cuidados paliativos y de buena calidad como los que ha recibido María José deben ser un derecho de todos aquellos que los necesiten y demanden, pero también tiene que existir el derecho al suicidio asistido cuando una persona como María José así lo pida».

«Es evidente que el deseo de María José, a fin de que se cumpla, necesita que se le ayude, por su incapacidad a realizarlo por ella misma, y como es una constante en ella demandar ese auxilio, no habrá más remedio que proporcionarle esa ayuda para que su deseo se cumpla», escribió Hernández, avanzando su acción.

La eutanasia, congelada en el Congreso

Hernández también tiene un mensaje para la clase política: «No es de nuestro interés calificar el comportamiento de los negacionistas de la existencia de este problema, ni de los que han bloqueado en la Mesa del Congreso, en la legislatura pasada, la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Pero sí nos gustaría que fueran conscientes del dolor que ocasionan a todos aquellos que como María José y su familia sufren por su actitud».

El marido de la afectada se refería así a la Ley de despenalización de la eutanasia que presentó el PSOE en el Congreso. La propuesta corrió en paralelo a la Ley de muerte digna presentada por Ciudadanos, vinculada a los cuidados paliativos. Ambos partidos llegaron a un preacuerdo para apoyar las dos iniciativas, pero mientras que el PSOE dio luz verde a la Ley de muerte digna –que se aprobó–, la de la despenalización de la eutanasia quedó varada en la Mesa del Congreso, sin los suficientes apoyos para progresar.

«Algunos legisladores deberían evolucionar hacia posiciones menos contrarias a la eutanasia para evitar que alguien que lo necesite tenga que transitar por los mismos caminos que anduvieron María José y Ángel», concluye la carta de Hernández.

Debate presente en Euskal Herria

El debate sobre la eutanasia, con sus altos y bajos, lleva tiempo presente también en Euskal Herria. Sin ir más lejos, el pasado 6 de marzo murió en Portugalete Maribel Tellaetxe, la mujer con alzhéimer avanzado cuya familia, siguiendo con la voluntad de la afectada, recogió cerca de 200.000 firmas para impulsar un cambio legislativo en el Congreso de los Diputados. Pero la Ley tampoco llegó para Tellaetxe, que acabó muriendo de forma natural tras un proceso que la familia calificó de «tortura».

Antes de que llegase la norma estatal, en 2016, el Parlamento de Gasteiz aprobó por unanimidad la Ley sobre el derecho a una muerte digna. Sin embargo, esa iniciativa tampoco aborda la despenalización de la eutanasia, debido a las reservas planteadas por el PNV. EH Bildu y PSE –Podemos no existía en aquella legislatura– querían haber ido más lejos.

«Un acto de amor»

En la nota enviada a los medios por DMD, tras repasar el caso de María José Carrasco, la asociación reivindica que «en una sociedad democrática resulta inaceptable que ayudar a una persona a disponer de su vida libremente esté castigado en el Código Penal». «Defender el derecho a la vida no justifica obligar a una persona a vivir una vida deteriorada, con un sufrimiento inadmisible y que ya no desea», añade la nota.

De hecho, en DMD consideran que «el acto de Ángel Hernández de ayudar a morir a su mujer, a la que ha cuidado durante décadas, solo puede entenderse como un acto de amor que no debería recibir ningún reproche penal».

«En ninguna otra cuestión hay tanta distancia entre los deseos de la ciudadanía y la legislación como en el de la regulación de la muerte asistida. Más del 80% de la población está a favor de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Sin embargo, el artículo 143 del Código Penal sigue castigándola con penas de prisión», concluye DMD.