La Audiencia ordena que Eneko Goia testifique por el «caso Bidegi»

La Audiencia de Gipuzkoa ha dictado un auto en el que estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular, que ejercen cuatro junteros de EH Bildu, contra una providencia del Juzgado de Instrucción nº 2 de Azpeitia por la investigación del «caso Bidegi». Ordena que se cite como testigos a quien fuera diputado de Infraestructuras Eneko Goia y otros responsables de la construcción de la AP-1 como Luis Mari Apraiz y Félix María Urkola.

Agustín GOIKOETXEA|12/06/2019 12:55|17 comentarios
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Eneko Goia, en una comparecencia en Juntas Generales sobre el «caso Bidegi». (Andoni CANELLADA/FOKU)

La resolución de la Audiencia de Gipuzkoa prolonga la investigación sobre los pagos públicos de más de 30 millones de euros por trabajos supuestamente no realizados en la AP-1. En un auto fechado el 6 de junio, la Sala atiende parcialmente el recurso de la acusación popular y ordena que se tome declaración a Eneko Goia, por entonces diputado foral de Infraestructuras; al ex director de Carreteras Luis Mari Apraiz, a quien era director de Gestión y Planificación Félix María Urkola, así como a Elena Varillas, para que informen sobre el margen de desviación de gasto en las obras del tramo Arlaban-Eskoriatza.

Se trata de un paso más en una compleja instrucción, que puede prolongarse hasta 2022, gracias a la acusación promovida por EH Bildu después de detectar que la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por PNV y PSE, se inhibía en un asunto muy serio. El anterior Ejecutivo foral presidido por el soberanista Martin Garitano había interpuesto dos querellas al descubrir graves irregularidades en la gestión del proyecto.

La primera querella está relacionada con el depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra en un tramo (Eskoriatza Norte-Arrasate Norte) de la AP-1, en el que la acusación calculaba un presunto fraude de 13,6 millones de euros. Esta querella fue ampliada posteriormente al entender que las irregularidades se extendieron a los trabajos de los túneles de Apotzaga, Izurieta y Gurutze Txiki.

Posteriormente, la Diputación gobernada por Bildu presentó una segunda querella por una presunta malversación de fondos públicos de 17,1 millones de euros y un presunto delito de falsificación documental en los pagos de los trabajos del túnel de Isuskitza.

El tribunal dice que «no es congruente» que se admitan las declaraciones de algunas personas relacionadas con el caso y se rechace las de otras, apuntando a que hay que motivar esa discrecionalidad para neutralizar el riesgo de arbitrariedad. Con más detalle, se apunta a que Eneko Goia es propuesto como vocal del Consejo de Administración de Bidegi y presidente de la reunión del 24 de enero de 2011 en la que se acordó la disolución de la comisión mixta de las diputaciones de Gipuzkoa y Araba sobre el proyecto de la AP-1, y también las de Luis María Apraiz y Félix María Urkola, que estuvieron en esa reunión en la que se acordó dar por completada la aportación de Arabat y atribuir a Bidegi la responsabilidad del pago íntegro de cualquier reclamación posterior que pudiera producirse.

Declaraciones «útiles»

La Sala manifiesta que sus declaraciones son «útiles» para que Goia, Apraiz y Urkola expliquen detalles del debate que hubo en aquella reunión y donde se resolvieron temas que recoge la querella que investiga el juzgado de Azpeitia. También la testifical de Elena Varillas, autora del informe que hace «referencia a las diferencias en la valoración económica en la liquidación de la obra total por mediciones».

No tendrá que acudir a declarar, tal y como solicitó la acusación popular, Markel Olano, que era entonces presidente del Consejo de Administración de Bidegi, quien convocó una reunión de ese órgano de dirección el 17 de junio de 2011 paara debatir sobre la liquidación de las obras de la AP-1.

En el auto también se requiere a la Unidad Técnica de Gestión (EAT) de Bizkaia para que aporte documentación sobre los diversos presupuestos con los que se trabajó para contrastar la información que se remite al juzgado y calibrar si es necesario o no acordar otra práctica que solicita la acusación popular al objeto de aclarar si estuvo justificado o no la inversión millonaria que se realizó.

Además, se solicita a la Diputación de Gipuzkoa que informe sobre el coste económico de dos informes periciales y de revisión que encargó en 2015. El tribunal asume el razonamiento de la acusación popular de que «es por el coste económico, y no por ninguna otra cuestión, por la que, al final, se vaya a decidir si se realiza o no un informe pericial judicial, por lo que la relevancia de conocer cuánto dinero supuso elaborar cada uno de los dos informes que obran en las actuaciones queda en evidencia y es palmario».

Es más, destaca su importancia cuando se trata de determinar si existió un sobrecoste de más de 17 millones de euros financiados con fondos públicos y se trata de ponderar. Asimismo, se incide en que el Ministerio Fiscal y la propia jueza instructora lo reconocen en sus escritos, especialmente por las conclusiones «antitéticas» que presentan los informes periciales de las partes