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La ONU reconoce «fallos sistemáticos» a la hora de proteger a los rohingyas en Birmania

Una investigación interna de la ONU ha reconocido la comisión de «fallos sistemáticos» a la hora de proteger a la minoría musulmana rohingya en Birmania, especialmente, tras la ola de violencia que entre agosto y setiembre de 2017 se cobró la vida de 6.700 rohingyas, mientras que otros 720.000 huyeron a Bangladesh.

Un niño rohingya en uno de los campamentos de refugiados instalados en Bangladesh. (Anna SURINYACH)
Un niño rohingya en uno de los campamentos de refugiados instalados en Bangladesh. (Anna SURINYACH)

La ONU ha calificado de «deficiente» su conducta en Birmania desde 2011, en especial, tras la operación del Ejército militar contra los rohingyas en agosto y setiembre de 2017. Según estimaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF), entre el 25 de agosto y el 24 de setiembre de ese año murieron 6.700 –al menos 730 eran menores de cinco años– y otros 720.000 huyeron a Bangladesh en precarias condiciones y fuertemente traumatizados.

El informe, elaborado por el diplomático guatemalteco Gert Rosenthal, es el resultado de una investigación interna iniciada después de que la ONU fuera acusada de ignorar las señales que llevaron a lo que desde la propia organización fue calificado posteriormente como «genocidio intencional» contra esta minoría apátrida.

El documento concluye que la acción de la organización se vio lastrada por la división estratégica de sus agencias y su incapacidad por conciliar los objetivos de desarrollo con los del respeto a los derechos humanos, situación que se vio magnificada por una «impropia lucha interna».

«Sin duda se cometieron errores serios y se perdieron oportunidades en el sistema de la ONU al seguir una estrategia fragmentada en lugar de un plan de acción común», admite Rosenthal en el informe encargado por el secretario general, António Guterres.

«Incluso en el más alto nivel de la organización no había una estrategia común diseñada para apuntalar los pilares de Naciones Unidas», reconoce.

Rosenthal destaca la «responsabilidad compartida» en el ámbito de la ONU, evitando señalar a agencias o personas concretas, aunque no elude la controvertida actuación de la coordinadora residente en el país, Renata Lok-Dessallien, que fue retirada del cargo en 2017 tras ser acusada de quitar importancia a los abusos contra los rohingya.

Además de la disfunción interna de la organización, el informe también señala las dificultades a las que se enfrenta la ONU para imponer sus principios en países que invocan la soberanía y la no intervención en asuntos internos como cobertura para incumplir sus compromisos con los derechos humanos.

Y recrimina la falta de acuerdo en el Consejo de Seguridad para imponer una «presencia imparcial» en el país que «hubiera ofrecido ciertas garantías a la minoría oprimida».

El informe ha sido criticado por Human Rights Watch (HRW), que a través de su subdirector en Asia, Phil Robertson, ha afirmado que es un «fiasco» y una «decepción» por «no señalar a nadie».

«El informe parece cada vez más como un mero trámite para el secretario general, António Guterres, diseñado para mostrar compromiso con la rendición de cuentas cuando en realidad lo que consigue es justamente lo contrario», sostiene Robertson en un comunicado.