El PP recurre ante el Tribunal Constitucional la ley de abusos policiales de la CAV

El PP ha presentado este lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la llamada Ley Vasca de Víctimas de Abusos Policiales, una norma que este partido tacha de «aberración jurídica» y «grave error político» pero, sobre todo, un «insulto moral» a las «víctimas del terrorismo».

Naiz|Madrid|15/07/2019
Cosido
Ignacio Cosidó, en su época de director de la Policía española, durante una visita a Iruñea. (Jagoba MANTEROLA / FOKU)

Son términos empleados por el portavoz del grupo popular en el Senado, Ignacio Cosidó, al explicar esta iniciativa que recoge demandas de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, con cuyos representantes sindicales y asociativos se ha reunido después para detallarles el contenido del recurso.

Cosidó, que fue director general de la Policía española entre 2012 y 2016, se ha referido en muy duros términos a esta ley aprobada en abril por el Parlamento de Gasteiz con los votos a favor de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y Podemos, y el voto en contra del PP;  para modificar una norma anterior que había sido recurrida por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.

El posterior Gobierno de Pedro Sánchez retiró hace un año ese recurso de constitucionalidad, algo que el portavoz del PP ha atribuido al «peaje» pagado para lograr el apoyo de las fuerzas abertzales en la moción de censura.

En las 62 páginas del documento registrado en el Tribunal Constitucional los senadores del PP recurren cuatro de los cinco artículos de la llamada «Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999».

Se trata de una «aberración jurídica», en palabras de Cosidó, porque una vulneración de derechos debe ser reconocida por los tribunales de justicia, y no por un órgano de la Administración. Entiende además que se pone en jaque la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el derecho al honor e incluso la normativa sobre protección de datos.

«Error político»

En cuanto al «error político», Cosidó lo observa en una «equiparación repulsiva» entre la acción de diferentes organizaciones armadas y la labor «encomiable» de policías y guardias civiles. Además considera «inadmisible» que se afirme que en el Estado español se cometen violaciones de los derechos humanos cuyas víctimas no están reconocidas.

El PP también rechaza cualquier «comisión de la verdad» ya que un órgano de esta índole no hace más que «reforzar» el relato de ETA y es «contraproducente» para la legitimidad de los agentes. Y añade que la norma «insulta» a las «víctimas del terrorismo».

El recurso del PP se suma al ya presentado por Ciudadanos ante la misma instancia judicial. Su presentación e incluso su admisión a trámite no paralizan su entrada en vigor, algo que sí ocurre cuando lo hace el Gobierno español.