El informe que obligaba al cierre del centro llegó el pasado 30 de julio. La corporación había cambiado de color después de que Navarra Suma y GIH (los independientes que lidera Crespo) apoyaran a la única edil del PSN, Amparo López, para que no saliera la lista más votada, la de EH Bildu, que aspiraba a repetir legislatura. 

Durante tres semanas y a pesar de la urgencia por el inicio del curso, nadie supo nada del informe. Ni la empresa Haurtxoa, ni el resto de partidos del consistorio, ni los padres. Según la nota de la empresa que gestiona el centro, el alcalde les llamó telefónicamente el día 21 de agosto. La empresa le planteó el mejor modo de comunicarlo a las familias, pero el alcalde no les requirió ningún modo de ponerse en contacto con ellos. 

Ese mismo día, Crespo convocó a los medios para dar a conocer el cierre del centro y la reubicación de los alumnos en otros colegios de la localidad. En esa intervención responsabilizó a EH Bildu de tener conocimiento y haber ocultado la deficiencia de seguridad que provocó el cierre. 

La cronología de Haurtxoa revela que el alcalde tuvo un interés mayor en hacer de esto un arma política que en comunicar lo sucedido a los afectados. Los responsables del centro, en consecuencia, se desmarcan de todas las gestiones que ha realizado el alcalde en funciones. En una rueda de prensa posterior, algunos padres mostraron su enfado por esta forma de proceder.

Tras la renuncia de López, Crespo asumió el cargo en funciones. Por ley, debía convocar un pleno antes de diez días, para volver a repetirse la votación. Ha aguantado hasta el último día de plazo. El martes, envuelto en esta fea polémica, se volverá a votar para elegir alcalde.