Al menos cinco personas han muerto hoy en el segundo día de protestas en Irak, que se han extendido en Bagdad y han llegado al sur del país en una nueva oleada de descontento por la falta de servicios públicos y oportunidades de empleo, así como por la corrupción de sus dirigentes.

Cuatro manifestantes y un agente de la Policía han fallecido en la ciudad de Al Naseriya, la capital de la provincia meridional de Di Qar, donde se ha decretado el toque de queda, al igual que en otras localidades al sur del país.

Los manifestantes habían asaltado anteriormente la sede del gobierno regional en Al Naseriya y le habían prendido fuego, según la televisión estatal Al Iraquiya.

Las víctimas de hoy se suman a otros dos manifestantes que murieron ayer.

Las autoridades han decidido cerrar la fortificada «zona verde», sede de las principales instituciones y de las embajadas extranjeras, donde intentaban acceder algunos manifestantes.

Se han colocado bloques de cemento y se han desplegado más efectivos y blindados, así como alambradas, para impedir que los manifestantes intenten entrar en la zona, como ya ocurrió en  protestas similares que tuvieron lugar el año pasado.

Esta noche las protestas continúan en las plazas de Al Tayaran y de Al Jilan, en el centro de Bagdad, y las fuerzas de seguridad han repelido a los manifestantes repetidamente empleando gases lacrimógenos y mangueras de agua, así como munición real.

Asimismo, se registran protestas en cinco puntos diferentes de la capital, incluido un lugar próximo al aeropuerto internacional de Bagdad, y en el sureste y el noreste de la urbe.

A lo largo del día, el servicio de internet ha sido cortado en muchas partes de Irak después de que las protestas fueran convocadas a través de las redes sociales con la etiqueta #bajo_para_conseguir_mi_derecho, en referencia a salir a la calle para exigir servicios públicos, empleo y el fin de la corrupción.

A estas reivindicaciones se ha sumado la protesta por el reciente cese de un general al mando de la «lucha antiterrorista», interpretada como una cesión a las milicias proiraníes.

Se trata de la mayor movilización desde la llegada al poder del primer ministro Abdel Abdelmahdi el 25 de setiembre. Ninguna organización política o religiosa se ha atribuido las convocatorias.

El influyente clérigo chií Moqtada Sadr ha llamado a sus partidarios a llevar a cabo concentraciones pacíficas y a una huelga general para mañana, lo que puede aumentar el número de manifestantes.

El Ministerio de Defensa iraquí ha emitido un comunicado en el que señala que las tropas están en alerta para «preservar la soberanía del Estado, proteger las instalaciones gubernamentales y esenciales, las embajadas y misiones diplomáticas».

Además, el Consejo de Seguridad Nacional iraquí se ha reunido de urgencia, presidido por el primer ministro, Adel Abdelmahdi, tras lo que ha reafirmdo el derecho de los iraquíes a manifestarse y a expresarse libremente, pero ha condenado los actos de sabotaje.

Tanto Abdelmahdi como el presidente iraquí, Barham Saleh, y la enviada especial de la ONU para Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, han realizado llamamientos a la «contención».