«Parece evidente que tanto la familia Franco como, desde luego, esta Abadía, acudirá al amparo del Tribunal Constitucional alegando la vulneración de los derechos fundamentales que constan en nuestro escrito de demanda solicitando, si fuera preciso, el planteamiento de una `autocuestión de inconstitucionalidad´», precisan los benedictinos en un escrito presentado este martes ante la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press.

Aunque el Tribunal Supremo rechazó en su totalidad el recurso presentado por los nietos de Franco, los benedictinos presentaron otro recurso que aún no ha sido resuelto. «Las vulneraciones de derechos fundamentales, autónomas con respecto a las alegadas por la familia Franco, invocadas por la Abadía siguen sin haber sido enjuiciadas», señalan.

En concreto, los monjes de la Abadía del Valle de los Caídos, cuyo prior es Santiago Cantera, alegaron que la exhumación de los restos del dictador vulneraba el derecho a la libertad religiosa y a la no intromisión de los poderes civiles en los lugares y actos de culto.

«Sería irreversible el daño que se produciría a mi mandante (y a la Iglesia Católica en general) si se consuma la entrada en un lugar de culto (Basílica) y una res sacra (sepultura), sin la preceptiva e insustituible autorización eclesiástica. Si la entrada a la Basílica y la exhumación se produce sin dicha autorización, con independencia de que, posteriormente, este Tribunal o el Tribunal Constitucional estimen la infracción del derecho a la libertad religiosa de la Comunidad Benedictina que supone tal actuación, el perjuicio ya sería irreparable», reza el escrito.

«Urgencia electoral»

Por otro lado, los benedictinos critican la «urgencia electoral» para exhumar a Franco «subordinando la correcta Administración de Justicia y la justa aspiración a la reparación de vulneraciones de derechos fundamentales, a un propósito meramente electoralista».

«No podemos dejar de hacer referencia a las alegaciones del representante del Gobierno sobre la `urgencia de la ejecución´ cuando, la situación, no solo subsiste desde hace 44 años sino que, desde que el Gobierno anunció su intención de exhumar estos restos, ha transcurrido año y medio», puntualizan.