La Fiscalía y la acusación particular mantienen su petición de 30 años de prisión para el ex compañero sentimental de Sara Majarenas, que acuchilló a la hija de ambos en enero de 2017 en Benifaió.

El juicio por estos hechos, que arrancó el pasado 9 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, ha quedado visto para sentencia este miércoles, según ha confirmado el letrado de la acusación particular Aiert Larrarte, quien ha señalado que la defensa había planteado la inimputabilidad del acusado por enfermedad mental, un extremo que los peritos han negado en la vista.

El acusado está acusado de atacar con un cuchillo a la menor, que entonces tenía 2 años y 10 meses, mientras Majarenas estaba presa en la cárcel de Picassent. En el inicio de la vista reconoció los hechos, aunque dijo no recordar detalles.

Según el relato del Ministerio Público, ratificado por Majarenas, el acusado estaba discutiendo con la entonces prisionera vasca por teléfono y en el transcurso de la misma cogió dos cuchillos de cocina y se dirigió hacia la menor, que era ajena a la conversación y se encontraba jugando en otra habitación. Le asestó dos puñaladas y así se lo hizo saber a Sara Majarenas.

El acusado se dirigió al puesto de la Policía Local de Benifaió para relatar lo que acababa de hacer, aunque antes llamó al padre de Majarenas para informarle sobre lo que había hecho y decirle que ese era su «regalo de cumpleaños».

La menor sobrevivió a las graves heridas, que le afectaron al hígado, estómago y un pulmón y que la mantuvieron hospitalizada durante 37 días, aunque todavía sufre estrés postraumático y trastorno de ansiedad, por los que recibe tratamiento médico, sicológico y siquiátrico.

El fiscal califica estos hechos como un delito de «asesinato en grado de tentativa» y otro de «lesiones síquicas», por los que reclama una pena de 30 años de prisión y una indemnización de 56.750 euros, más 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil y otros 34.047 euros a la Generalitat por los gastos sanitarios.

La acusación particular ha solicitado idéntica condena y ha pedido que los posibles beneficios penitenciarios de los que pueda disfrutar el procesado estén condicionados a la realización de cursos en materia de violencia machista.