Ollo, quien ha comparecido en comisión para informar sobre las sentencias relativas al decreto foral que regula el uso del euskara en las administraciones públicas, ha apuntado que se abren «diferentes escenarios» para garantizar los derechos de los euskaldunes y que se puedan valorar en ese sentido los méritos en los concursos de la administración.

La consejera, quien ha insistido en que todavía se sigue estudiando la presentación o no de un recurso, ha explicado que las sentencias, aunque anulan algunos artículos, avalan 36 de los 41 artículos del decreto, así como 13 de las 14 disposiciones. «El 90 % del decreto ha sido avalado por la propia sala», ha afirmado Ollo.

Las sentencias, ha dicho, anulan que deban ser bilingües las notificaciones, impresos y escritos oficiales de los servicios centrales dirigidos a toda la ciudadanía, y que deban ser bilingües los rótulos, folletos o señalización viaria, entre otros elementos, de los servicios centrales.

Anulan asimismo la valoración del euskara como mérito en la zona mixta, zona no vascófona y servicios centrales al entender que «la exigencia imperativa desconoce una valoración individualizada, racional, proporcionada y adecuada en función a las características de puesto». Las sentencias, ha apuntado, concluyen que la ponderación del euskera «no está justificada en la realidad sociolingüística» navarra.

Como principales efectos, ha agregado, las sentencias crean un «vacío legal» y una «inseguridad jurídica» en la valoración de cualquier procedimiento que se haga de forma generalizada, además de vulnerar a su juicio el derecho de la ciudadanía euskaldun cuando va a otra zona distinta a la vascófona.

Entre las posibilidades que se abren, la consejera ha indicado la de presentar recurso de casación en el Tribunal Supremo, con lo que el decreto estaría en vigor hasta haber una sentencia firme.

Si no se presenta recurso o, tras presentarlo, se ratifican las sentencias, las mismas serían firmes y el euskara, mientras no haya nueva normativa, no tendría puntuación en los concursos de méritos, salvo en la zona vascófona, mientras que otros idiomas o méritos sí lo tendrían.

Ollo se ha mostrado a favor de la valoración de los idiomas comunitarios, ya que «no nos podemos permitir administraciones mediocres», pero también del euskara «en su justa medida», como una lengua propia de Nafarroa.

A partir de ahora, ha comentado, toca «seguir trabajando con el decreto en vigor» y adaptar los planes lingüísticos a la nueva estructura de Gobierno. También se estudiará el decreto y, en su caso, se adaptará la normativa que regula en uso del eusaera, «como recoge el acuerdo programático».

El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte, tras denunciar que no haya «ni un atisbo de autocrítica» en la consejera, ha instado al Gobierno a no recurrir la sentencia, retirar el decreto, porque «se ha convertido en un queso gruyere», y «comenzar a debatir una política lingüística común, aunque nos lleve años».

Inma Jurío, PSN, ha pedido al Gobierno que vele por la certidumbre jurídica y llegue a consensos para aprobar una regulación en la que el euskara sea considerado como un mérito, aunque «habrá que ver en qué medida».

Por Geroa Bai, Uxue Barkos ha declarado que, «más allá de las polémicas, Gobierno y Parlamento estamos obligados a trabajar en la seguridad jurídica» y ha subrayado que no puede entender el «sentirse herido por compartir espacio vital con otra lengua». Barkos ha acusado a Navarra Suma de defender «políticas lingüísticas ‘roquefort’, donde la esencia está en la podredumbre».

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, tras denunciar que el euskara «se quiere confinar a una reserva donde no moleste demasiado», ha opinado que el decreto no está «muy vivo», una vez anulados los artículos que establecían las obligaciones de la Administración.

Ruiz ha afirmado no tener «ninguna esperanza» en que en esta legislatura se avance en política lingüística, ya que «se va a mantener la zonificación».

Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha instado a hacer «algún ejercicio de aproximación» entre los socios de gobierno para evitar la inseguridad jurídica a los ciudadanos, mientras que Marisa de Simón, de I-E, ha indicado que el decreto «era y es absolutamente necesario», por lo que el recurso «no está fuera de lugar».

En su turno de réplica, la consejera ha asegurado que, en todo caso, no presentar un recurso no supone «dar por bueno» lo que los jueces concluyen en las sentencias.