Las parlamentarias de EH Bildu Nerea Kortajarena y Oihana Etxebarrieta han realizado una lectura muy crítica de la proposición de ley de reforma de la RGI que han planteado PNV y PSE y que está en fase de escucha de expertos en el Parlamento. Han expuesto varios ejemplos en los que la reforma empeora la situación de las mujeres víctimas de la violencia machista en las que no se recoge la normativa internacional o las recomendaciones del Ararteko.

Oihana Etxebarrieta ha detallado que de las 4.519 mujeres que en 2018 denunciaron violencia machista, 659 y sus 860 hijos e hijas percibían la RGI. Los expertos explicaron que la actual ley tiene defectos como la necesidad de presentar denuncias judiciales para poder cobrar. Esto obliga a la víctima a mantener la relación con su agresor, lo que el Ararteko también define que es peligroso. La Ley de Igualdad propone que baste un informe de los servicios sociales. Sin embargo, la reforma de la RGI mantiene la denuncia judicial, con lo que, según EH Bildu, todos los departamentos del Gobierno funcionarán con un esquema garantista y Lanbide con el menos protector.

Etxebarrieta ha denunciado que la proposición reduce la violencia machista al ámbito intrafamiliar, «en terminología propia de Vox y de la ultraderecha». Ha explicado que, por ejemplo, deja de lado la violencia que puede ejercerse en el ámbito laboral. Ha citado el caso de que si una empleada de hogar sufre agresiones sexuales de su empleador y se ve obligada a dejar el trabajo, no podrá cobrar la RGI porque, sin ninguna excepción, si dejas un trabajo voluntariamente no puedes percibirla.

Otro caso denunciado por EH Bildu es que una víctima de violencia machista que viva refugiada en una vivienda de protección no podrá cobrar la RGI, porque es incompatible con ese tipo de ayuda. Y si se va a vivir a un piso compartido, podrá ser considerada como unidad excepcional y, por ello, como unidad secundaria en la mayoría de los casos. Esto supone que una mujer víctima con un hijo que ahora cobra 905,6 euros, pasará a cobrar 634,74 euros.

Además, la reforma presentada por PNV y PSE mantiene la necesidad de empadronamiento o residencia efectiva durante 3 años en la CAV. Esto perjudica a las mujeres víctimas de trata, a muchas migrantes y a las que huyendo de sus agresores han dejado Araba, Bizkaia o Gipuzkoa.

Artículo 152 del Reglamento

En opinión de EH Bildu, esta proposición de ley tiene carencias estructurales que no se pueden corregir a base de enmiendas, porque la falta de perspectiva de género contagia todo el texto. Por ejemplo, deja de lado las recomendaciones del Convenio de Estambul que el Ararteko recordó que son de obligado cumplimiento y, según ha explicado Oihana Etxebarrieta, «el Parlamento no puede darle la espalda».

Nerea Kortajarena ha anunciado que visto lo anterior, aunque EH Bildu seguirá asistiendo a las comparecencias en comisión de los expertos, va a proponer su retirada. Para ello hablará con el resto de partidos, para que se aplique el artículo 152 del Reglamento, que no se ha utilizado nunca hasta el momento. Establece que a petición de dos grupos y por acuerdo del pleno, se puede retirar una proposición de ley después de haber sido admitida a trámite.