El Gobierno de Lakua ha presentado hoy el proyecto de presupuesto para 2020, que asciende a 11.774 millones de euros. El primer dato que llama la atención es que son 10,1 millones menos que el de 2019. El consejero de Hacienda y Economia, Pedro Azpiazu, ha explicado que eso se debe «a la menor necesidad de amortización de la deuda pública vasca». Según sus datos, el presupuesto operativo (disponible para gasto en políticas públicas aislando activos financieros) es 301 millones mayor que el de este año, lo que cifra en un incremento del 2,9%.

También baja la proporción del gasto social, que en el proyecto para 2020 es del 77,5% (siempre según la cuestionable descripción que realiza el propio Gobierno), mientras que el de 2019 fue del 77,9%. El consejero lo ha atribuido fundamentalmente a la reducción de 20,5 millones de euros que se produce en los pagos de la RGI y la prestación complementaria de vivienda, «debido a que hay menos personas demandantes».

Por comparación con el resto de departamentos, resulta espectacular la subida que experimenta el de Desarrollo Económico e Infraestructuras, que dirige Arantxa Tapia y que crece en un 11,2%. En la documentación gubernamental se explica que «de este incremento, 75 millones se corresponden a la cuantía que el Gobierno ha decidido aportar al Fondo Finkatuz a través del Instituto Vasco de Finanzas, por lo que pasará a disponer de 175M/€ en 2020 para invertir en empresas vascas y potenciar su arraigo». También se han subido en 13,9 millones los programas incluidos en el Plan de Ciencia y Tecnología (PCTI), y las cuantías dirigidas al sector primario a través de diferentes sociedades públicas y programas ascienden a cerca de 154,1millones.

El Gobierno de Lakua quiere destacar de su proyecto que el 10,5% tiene un «enfoque de género» y que se compromete con una «Euskadi sostenible». Cuantifica que unos 540 millones de euros se destinan «a acciones contra el cambio climático».

Por lo demás, el proyecto recoge una subida salarial del 2% para los trabajadores de la Administración autonómica y los propios miembros del Gobierno y altos cargos.

El fantasma de la prórroga

El Ejecutivo remitirá esta misma semana el proyecto al Parlamento e iniciará conversaciones con todos los grupos. El PP ha dejado claro que no tiene intención alguna de negociar con el Gobierno, y el propio Pedro Azpiazu ha dicho ser consciente de esta dificultad, pese a que le llamará como a Elkarrekin Podemos, que parece este año más dispuesto al acuerdo, y como a EH Bildu, con quien el consejero ha reconocido que el año pasado hubo una «negociación intensa y con voluntad de llegar a acuerdos, lo que no fue posible».

En periodo electoral y con la experiencia del año pasado, cuando el Gobierno de Urkullu no logró ningún acuerdo con nadie y tuvo que retirar el proyecto, al consejero Pedro Azpiazu se le ha preguntado sobre si una nueva prórroga sería «un drama». Ha dejado entrever que no, pero ha contestado que en este momento no se lo plantea porque su voluntad es la de llegar a un acuerdo con uno o varios de los grupos de la oposición.