Las Juntas Generales de Araba han instado a las instituciones competentes a que impulsen los trámites y las actuaciones necesarias, «con la mayor celeridad posible», para desmantelar Garoña. Y han reclamado que la central burgalesa no se conviertan en un cementerio nuclear. Además, han pedido al Gobierno de Gasteiz y a la Diputación que vigilen el proceso de desmantelamiento, solicitando al Ejecutivo español información de los pasos que se vayan realizando para su desarrollo y ejecución.

Así lo recoge una enmienda transaccional firmada por todos los grupos de la Cámara foral y aprobada en el pleno de este miércoles. El acuerdo se ha dado tras el debate de una incitativa defendía por el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, que ha comenzado su intervención recordando a Gladys del Estal, muerta a manos de la Guardia Civil en una protesta antinuclear.

El portavoz soberanista ha denunciado que, «en el mejor de los casos», los trabajos de demolición de Garoña no comenzarán hasta 2022 y se prolongarán al menos una década. Y ha recordado que, además de los cinco contenedores de residuos nucleares previstos, se ha iniciado el proceso de modificación de la licencia para poder instalar otros 44. Los primeros podrían llegar en 2021 y albergarían más de 2.500 componentes de alta radioactividad que se almacenarían junto a las aguas del Ebro hasta 2032, «con el riesgo que ello conlleva».

Fernández de Pinedo ha censurado la «absoluta irresponsabilidad» de los diferentes gobiernos españoles, tanto del Gabinete de Rajoy como del Ejecutivo de Sánchez, y la «dejadez» de las instituciones de la CAV, ya que «no ha habido por parte del Gobierno vasco o de la Diputación foral de Araba ninguna exigencia o crítica al Gobierno de Madrid».