«Una vez que termine esta investigación quedará muy claro que el Grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y de una manera ejemplar, sin perjuicio, como es lógico, de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo en este momento desconozco», ha señalado el expresidente del BBVA Francisco González a los medios a su salida de la AN.

En una breve declaración sin preguntas, González ha explicado que ha contestado «con toda transparencia y toda claridad» al instructor y al Ministerio Público, en línea con la posición que ya manifestó en un comunicado el pasado mes de julio, cuando anunció que estaba «máximamente interesado» en declarar.

«En mayo de 2018 tuvimos conocimiento de que el Grupo Cenyt había prestado algunos servicios al Grupo BBVA. Inmediatamente abrimos una investigación para determinar el alcance de dichos trabajos. Posteriormente, se abrió una pieza judicial», ha relatado ante la prensa tras someterse a un extenso interrogatorio de los fiscales Anticorrupción.

González está investigado junto a otros directivos y exdirectivos del banco en la pieza separada número 9 del caso Tándem sobre las actividades presuntamente ilícitas de Villarejo, y, en concreto, sobre los trabajos que habría estado desempeñando para el BBVA durante 13 años y por importe superior a los 10 millones de euros.

Ayuso y Bonilla

En el caso de González, Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado la interposición de medida cautelar alguna, decisión que sólo se ha acordado en el caso del que fuera jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, el único investigado en esta pieza sobre el que pesa fianza –en concreto, de 300.000 euros– y del que se presume era el interlocutor de Villarejo.

En la jornada de este lunes comparecían además el que fuera director de comunicación de la entidad, Javier Ayuso, como testigo. Ha respondido a las preguntas del juez y los fiscales durante unos 45 minutos.

A continuación, ha sido el turno del policía que en segunda actividad trabajaba para las empresas de Villarejo, Antonio Bonilla. Según informaron en fuentes jurídicas a la agencia Europa Press, se ha acogido a su derecho a no declarar por estar la causa bajo secreto.

Este martes será el turno de Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman; y a Eduardo Arbizu, que hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado al conocerse la imputación del BBVA, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA.

Solo Béjar y Medrano han declarado

Además de estos, están citados el que fuera jefe de Riesgos de la entidad, Manuel Castro, y los sucesivos responsables de los servicios jurídicos, José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega, todos investigados por los mismos delitos de cohecho y revelación de secretos, según las mismas fuentes.

El miércoles, día 20, será la representación legal del banco la que acuda a la Audiencia Nacional, pues BBVA está imputado como persona jurídica por cohecho y también por corrupción en los negocios en relación a este asunto. Hasta la fecha, la entidad ha venido anunciando su disposición a colaborar con la justicia.

En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Angel Cano, así como la sustituta de Corrochano en Seguridad, Inés Díaz Ochagavia,y el jefe de grupo en este área, Nazario Campo Campuzano.

También han comparecido como investigados el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo; su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas; y el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar, el único de todos los imputados junto a Francisco González que ha optado por responder al interrogatorio en lugar de acogerse a su derecho a no declarar.