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Las reformas fiscales dividen a los socios del Gobierno de Nafarroa

Los socios en el Gobierno de Nafarroa y firmantes junto a I-E del acuerdo programático se han mostrado divididos ante las reformas fiscales plantadas por el Ejecutivo presidido por María Chivite. EH Bildu recuerda que su coste se elevará a 46 millones y Navarra Suma se abre a negociar.

Fachada del edificio de Hacienda. (GOBIERNO DE NAFARROA)
Fachada del edificio de Hacienda. (GOBIERNO DE NAFARROA)

Mientras que Geroa Bai ha cerrado filas con el PSN en las tres reformas presentadas, tanto Podemos como I-E han adelantado que votarán «no» a la supresión de la tributación del patrimonio empresarial y estudiaran enmiendas a la deducción del IRPF de las madres y a la deflactación de la tarifa.

También la coalición EH Bildu se ha mostrado crítica, igual que Navarra Suma, aunque Javier Esparza ha subrayado su disposición a negociar «en una mesa» con el PSN unos presupuestos para 2020 y una política fiscal que mejore la situación de las familias y haga atractiva a la comunidad.

«Navarra Suma quiere bajar los impuestos a la clase media y trabajadora porque es injusto que pague más que en el País Vasco y quiere que Navarra vuelve a ser atractiviva desde el punto de visa de la competitividad fiscal porque eso crea empleo», ha dicho Esparza a los periodistas al término de la Mesa y Junta de Portvoces del Parlamento de Nafarroa.

Y ha invitado al PSN a «llamar» a NA+ para negociar porque ni los presupuestos ni la política fiscal pueden estar a su juicio «en manos del nacionalismo y de EH Bildu» cuando son «una cosa muy seria», al tiempo que ha considerado «significativo y pobre» que las tres reformas se haya presentado «sin acuerdo» entre los socios.

En este sentido, Ainhoa Unzu, PSN, ha precisado que las diferencias sobre el Patrimonio Empresarial son un «desacuerdo tasado» y ha asegurado que su formación mantendrá la reforma porque «es imprescindible mimar y cuidar a la empresa familiar» y porque Nafarroa «es el único lugar de Europa donde se tributa por ello», por lo que se ha mostrado dispuesta «a hablar con todo el arco parlamentario sin exclusiones» para buscar la mayoría necesaria.

Y para la mejora de los ingresos tributarios se ha remitido a la conclusión del análisis iniciado sobre los beneficios fiscales de IRPF y Sociedades, que «no cumplen« con el objetivo para el que se plantearon, y a la lucha contra el fraude.

Por Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que su coalición «participa» de las propuestas presentadas por el Gobierno ya que coinciden con la postura mantenida ya en la pasada legislatura y ha negado además una incidencia significativa y mantenida en el tiempo en la recaudación, ya que el mayor coste para Hacienda serán unos 30 millones por las deducciones de maternidad y estas tendrán incidencia en el año 2021.

Por el contrario, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha considerado que las tres reformas anunciadas costarán en 2021 un total de 46 millones cuando «hay que garantizar la suficiencia de ingresos para unos servicios públicos de calidad y una protección social, más en momentos de nuevo de incertidumbre, que exigirán mayor implicación de la administración», para lo que ha defendido una redistribución de la riqueza que a su juicio de esta manera no se aplica.

También ha mostrado su desacuerdo con el Gobierno, en especial con suprimir la tributación del patrimonio empresarial, el portavoz de Podemos, Mikel Bui, quien además ha subrayado la necesidad de ampliar la reforma fiscal a otros dos ámbitos: la contención de los precios del alquiler de la vivienda y la tercera fase de la renta garantizada para atender a los trabajadores en precario, asuntos ambos que ha calificado de «prioritarios».

Por último, Marisa de Simón, de I-E, ha mostrado su «preocupación» por las consecuencias que la «pérdida» de ingresos puede tener en los Presupuestos de Nafarroa y por una reforma que a su juicio va «en contra de la progresividad fiscal» y cuando los empresarios declaran una renta media «inferior a los trabajadores», por lo que ha abogado por una política fiscal «más justa para que quien más tiene más contribuya».