El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha elevado a definitiva su petición de condena para Quim Torra, juzgado por desobediencia en el TSJC, al igual que la acusación popular ejercida por Vox, que solicita dos años de inhabilitación para empleo y cargo público y una multa de 72.000 euros para el presidente de la Generalitat.

«Me podrán condenar, pero no cambiarán la voluntad del pueblo de Catalunya», ha proclamado Torra en su alegato final, que ha concluido con las mismas palabras que cerraron su discurso de investidura: «Visca Catalunya lliure! (¡Viva Catalunya libre!)».

También la defensa del president ha mantenido su petición de absolución, al considerar que no incurrió en un delito de desobediencia porque la Junta Electoral Central (JEC) no tenía competencias para ordenarle retirar los símbolos de apoyo a los presos políticos de los edificios públicos.

Las partes han expuesto sus conclusiones ante el tribunal después de que se hayan anulado las testificales previstas para esta tarde –de la delegada del Gobierno español, Teresa Cunillera; la exportavoz del Govern Elsa Artadi; el conseller de Interior, Miquel Buch, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó–, porque Vox, la acusación que las proponía, ha renunciado a las mismas.

Declaración de Torra

En su declaración ante el tribunal, Torra ha alegado que las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) para que retirara los lazos amarillos de los edificios públicos eran «ilegales», dado que este no es un órgano «superior jerárquico».

Torra se ha expresado así en el arranque del juicio por «desobediencia» que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluya (TSJC), donde ha negado que los lazos amarillos sean «partidistas» o tengan objetivos «propagandístiscos». A su juicio, «la JEC quiso situar al presidente de la Generalitat en una disyuntiva muy clara. Hacerle obedecer un acto ilegal u obligarle a prevaricar».

Al inicio de la sesión, el TSJC ha rechazado la anulación del juicio solicitada por la defensa, que entiende que su cliente no va a tener «un juicio imparcial, cuando parte todo de una instrucción parcializada».

Torra se ha negado a contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal y a las de la acusación popular, ejercida por Vox, al que ha calificado como «partido franquista. Este país ha sufrido cuarenta años de dictadura fascista, y no responderé».

En este punto, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha advertido al presidente catalán de que «no le permitiré ninguna manifestación ofensiva o descalificadora a ninguna de las partes», ante lo cual Torra ha replicado que sus argumentos para rechazar las preguntas del partido de Abascal «no son ninguna descalificación».

A preguntas de su abogado, Gonzalo Boye, sobre si cumplió «sí o no» la orden de la JEC, Torra ha sido taxativo: «No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: Sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía la competencia».

«Yo, como presidente de la Generalitat, tenía el deber de defender los derechos y libertades de mis conciudadanos, que en este país ha costado mucho obtener y no permitiré nunca que sean vulnerados o pisados», ha alegado Torra.

En su declaración, ha insistido en que las órdenes de la JEC para que retirara los lazos amarillos de los edificios públicos eran «ilegales», dado que este no es un órgano «superior jerárquico» al jefe del Ejecutivo catalán y que, en todo caso, la Junta Electoral Provincial era la competente.

«Censura total»

A su entender, la JEC actuó de manera «omnipotente y omnipresente» y le «amenazó», lo que demuestra que se trata de un caso de «censura» y de vulneración del derecho a la libertad de expresión.

Torra ha lamentado que las impugnaciones que planteó contra las decisiones de la JEC están todavía pendientes de resolver en el Tribunal Supremo. «Lo que me sorprende es que se haga este juicio sin que este otro procedimiento haya acabado. La justicia en ocasiones corre mucho o, en ocasiones, corre muy poco», ha denunciado.

El president ha recordado los comentarios públicos de dos integrantes de la JEC, algunos de ellos «despectivos» hacia el independentismo: «Por esto presentamos la querella en su contra, entendemos que han prevaricado. De lo que se trataba era de llevar al presidente de la Generalitat hoy aquí (al banquillo de los acusados)», ha señalado.

Ha alegado además que las órdenes de la JEC no eran claras, ya que por ejemplo en su primer escrito le conminaban a sacar los lazos amarillos «o» las esteladas, por lo que las impugnaron, ante lo que, de forma «sorpresiva», este órgano respondía cada vez con una mayor «ambigüedad», hasta buscar la «censura total» para que se sacaran todos los emblemas de los edificios públicos.

«Esto era un acto de censura. No estaba dispuesto a permitirlo», ha aseverado Torra, que ha declarado que sintió que la JEC le amenazaba con sus instrucciones: «Entendí que acabaría aquí. La JEC había tomado una decisión en la que se me conminaba y amenazaba, sabiendo perfectamente que no era posible tomar una decisión ilegal porque no quería prevaricar y que acabaría aquí».

En este sentido, ha indicado que edificios públicos, como escuelas o centros sanitarios, no son titularidad de la Generalitat ni competencia del president y ha aclarado que «nunca» ha considerado, ni lo hará, dar una orden a un director de escuela o de hospital respecto de cualquier decisión que deban tomar, porque respeta su autonomía.

Por este motivo, ha justificado que no podía dar una «orden general» para retirar los lazos amarillos de edificios públicos: «No tengo esta competencia en absoluto y, en cambio, tengo muchos deberes como presidente: Defender los derechos y libertades de mis ciudadanos. Nunca ordenaré a nadie que retire un lazo o una estelada o un símbolo que se considere que debe lucir en su edificio». 

Fiscal: «No es un símbolo neutral»

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha destacado que el símbolo de los lazos amarillos «no es compartido por la totalidad de los catalanes», por lo que «no es neutral» y debe ser suprimido en período electoral.

En sus informes finales, el fiscal ha apuntado además el «desprecio» del president catalán hacia la JEC, que fue «intensificando» con el paso de los días, con una falta de «respeto institucional» que, «coloquialmente, hizo que se «viniera arriba».

Bañeres ha constatado el comportamiento del president catalán con su «nula disposición a acatar» la orden de la JEC, expresando de esta manera su «falta de consideración» hacia este órgano.

El fiscal ha recordado que el 21 de marzo Torra sustituyó la pancarta con el lazo amarillo por otra con uno de color blanco, en una «ostentación de su intención de desobedecer» a la JEC.

En este sentido, ha subrayado que el president catalán, para incumplir la orden de la JEC, «hizo de paladín de la libertad de expresión con gesticulaciones y aspavientos en sus declaraciones públicas o en las notas de prensa de la Generalitat, con un comportamiento renuente en el que se presentaba como único defensor de este derecho».

Ha argumentado que, como «autoridad superior», las decisiones de la JEC son «perentorias» y de obligado cumplimiento, no solo para Torra, también para el presidente del Gobierno y para todos los poderes públicos en general.

Además, ha recordado que en Catalunya la JEC es «el único órgano competente, puesto que es la única comunidad que no tiene una ley electoral propia, de manera que las elecciones en esta comunidad tienen como base la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg)».

Boye pide que se acuda a Europa

El abogado de Torra, Gonzalo Boye, ha solicitado al tribunal el caso al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, antes de dictar sentencia. La Fiscalía demanda que la inhabilitación sea de alcance europeo, por lo que Boye considera que hay que acudir a las instancias comunitarias.

Sin embargo, el juez Jesús María Barrientos, el presidente de la sala que juzga a Torra, lo ha rechazado por «extemporáneo».

Boye ha destacado que el caso acabará en instancias europeas en cualquier caso y ha lamentado que no se presente como «un diálogo entre tribunales» antes de que se dicte sentencia. Entre las cuestiones que quería plantear en Luxemburgo, se encuentran la imposibilidad de tener un juez imparcial.