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El Parlamento navarro reconoce el grado a los contratados administrativos

El pleno del Parlamento de Nafarroa ha aprobado el decreto que modifica la normativa foral para reconocer, entre otros derechos, el pago del grado a los empleados públicos con contratos administrativo y una antigüedad de seis años y siete meses.

El Legislativo ha reconocido el grado a los contratados administrativos. (PARLAMENTO DE NAFARROA)
El Legislativo ha reconocido el grado a los contratados administrativos. (PARLAMENTO DE NAFARROA)

El cambio ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos después de una sentencia de la Unión Europea para evitar un «periplo judicial», ha dicho el vicepresidente Javier Remírez, quien ha destacado además que el decreto redunda en la mejora de la contratación y de la calidad de los servicios y su contendido es también una reivindicación sindical.

Remírez ha recordado que el grado es el 9% del salario inicial y que el Gobierno ya ha aprobado su pago en noviembre a más 8.000 trabajadores con efecto retroactivo, en total 72 millones de euros.

Además ha defendido la extensión del contrato a los docentes interinos a los meses de verano, así como la equiparación de los permisos por maternidad y paternidad a 17 semanas, y que alrededor de 700 profesores contratados temporales no universitarios que han prestado servicios cinco meses y medio generen derecho a un nuevo contrato.

Se trata de «una suma de parches» para adecuar la normativa navarra a la del Estado y a la sentencia europea pero que «no resuelve los problemas», ha dicho Marta Álvarez, de Navarra Suma, quien ha añadido que el Gobierno «podía haber sido más generoso» para incluir a otros trabajadores que han quedado fuera del alcance de este decreto.

Ha pedido por ello un nuevo Estatuto de Personal antes de criticar que este Gobierno cuente con 672 altos cargos, sin contar secciones ni servicios de Osasunbidea, un 15% más, y que no se hayan hecho públicas sus declaraciones de bienes.

Virginia Magdaleno, del PSN, ha considerado un avance este decreto, del que ha subrayado que da respuesta a una lucha de muchos años de empleados públicos y trabajadores, junto a la «urgencia» de atender una sentencia que ve derechos «vulnerados».

Por Geroa Bai, Blanca Regúlez, ha incidido en la sentencia del Tribunal Europeo para el reconocimiento del grado, apoyado la equiparación de permisos por hijos para avanzar en igualdad y corresponsabilidad, y también el avance en las condiciones laborales de los docentes temporales para revertir las «injusticias» que supusieron los recortes.

Txomin González, de EH Bildu, ha aseverado que con este decreto no solo «no estamos regalando nada a nadie», sino que los trabajadores han dejado de percibir millones de euros, por lo que ha abogado por que «a igual trabajo, igual salario» y por «una carrera profesional para todo el personal y para todos los estamentos».

Desde Podemos, Ainhoa Aznárez ha dado la «bienvenida» a un decreto que «reconoce derechos después de años de lucha sindical», y ha apostado por la igualdad de trato entre contratados y funcionarios en cuestiones al margen de la carrera administrativa, así como por otros avances para una «igualdad real» entre hombres y mujeres.

Marisa de Simón, de I-E, ha avalado una regulación más definitiva pero ha criticado la «temporalidad insostenible» que hay en la administración, en torno al 48% frente al 24% del mercado laboral privado, y la «falta de adecuación de la plantilla orgánica a la situación real».