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El Gobierno Sánchez saca adelante con PP y Cs el decreto digital antiindependentista

Los votos de PSOE, PP y Ciudadanos han sacado adelante el llamado por el Gobierno Sánchez «decreto ley contra la República digital», mientras Unidas Podemos se ha abstenido en la Diputación Permanente del Congreso y las fuerzas vascas y catalanas han votado en contra.

Página de Tsunami Democràtic cerrada por decisión judicial.
Página de Tsunami Democràtic cerrada por decisión judicial.

El decreto ley presentado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez en plena campaña del 10N y que entre otras cosas le permite cerrar páginas web sin necesidad de autorización judicial ha sido avalado este miércoles por la Diputación Permanente del Congreso.

En ella se han alineado los votos del PSOE con los de las formaciones más partidarias de la represión en Catalunya, PP y Cs, además de Coalición Canaria. Pero resulta significativo también que Unidas Podemos se haya decantado por la abstención.

El viraje en la postura de Unidas Podemos se debe a que la ministra en funciones ha asegurado que tendrá en cuenta «algunas de las propuestas» que han hecho los grupos en la Diputación Permanente y ha dicho que se podrá seguir trabajando en estas cuestiones en la próxima legislatura.

PNV y EH Bildu

Los demás apoyos potenciales para la investidura de Sánchez en Catalunya y Euskal Herria han votado en contra. Se trata de ERC y Junts, que han intentado que el PSOE retirara el texto antes de la votación, pero también del PNV, EH Bildu y Compromís, cuyos votos serían cruciales para una eventual investidura. 

El PNV ha dicho por boca del diputado Mikel Legarda que el decreto puede conllevar «una intervención por la vía de hecho» contra las administraciones autonómicas y por ello ha instado al Ejecutivo español a reconducir la situación a la mayor brevedad posible.

En cuanto a EH Bildu, ha pedido «llamar a las cosas por su nombre». Para Mertxe Aizpurua, «esto es la ampliación de la Ley Mordaza a las nuevas tecnologías» en la que «cualquier cosa puede considerarse una amenaza».

La norma fue aprobada por el Consejo de Ministros coincidiendo con el arranque de la campaña electoral y en plenas protestas por las sentencia del «procés» en Catalunya. Su urgencia se justificó aludiendo a la necesidad de impedir una «República digital catalana».

También Vox ha rechazado convalidar el texto, aunque por motivos obviamente muy diferentes.