El sindicato ELA ha interpuesto un recurso ante «un nuevo intento de privatización de un servicio de Osakidetza», el que regula las ambulancias que atienden los traslados de urgencia.

La central explica en una nota que «a pesar de lo acordado y firmado por el propio Gobierno Vasco, este sigue intentando privatizar servicios». Según detalla, el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Osakidetza de 14 de marzo de 2008 establece que «Osakidetza asume el compromiso de no externalizar o privatizar nuevas áreas o servicios».

Precisa que otro acuerdo, el de la Mesa General 2010-2011 firmado por ELA para toda la Administración Pública dependiente del Gobierno Vasco establece que «la Administración atenderá preferentemente con medios propios los servicios que precise para el desarrollo de su actividad».

«En base a esta y otras normativas que recogen el mismo sentido sobre las externalizaciones en la Administración Pública y en concreto en Osakidetza, ELA ha interpuesto un recurso ante lo que entiende una vulneración de las normativas mencionadas y un menoscabo en los servicios públicos», indica la central sindical.

Ampliación mediante contratación directa

En el caso del transporte sanitario urgente, ELA explica que el aumento del caudal horario en las nuevas bases con respecto a licitaciones anteriores, «supone incidir en una nueva privatización en este servicio» y exige que la ampliación se realice con «personal directamente contratado por la Administración y con las condiciones laborales y económicas del personal de Osakidetza». 

Según apunta, el Departamento de Salud ha decidido suspender la adjudicación y realizar un análisis jurídico de la situación, a la vista de las discrepancias surgidas.

Recurso rechazado, según el Departamento de Salud

El Departamento de Salud ha emitido posteriormente una nota en la que precisa que el recurso interpuesto por ELA «ha sido desestimado por el OARC (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales)», por lo que «el proceso de contratación al que se refiere está en marcha».

Salud entiende que «lo único que ha conseguido ELA es generar conflicto donde no lo había consiguiendo únicamente  retrasar la puesta en marcha del nuevo expediente de contratación, y en consecuencia, demorando la aplicación plena del convenio colectivo de ábmito autónomico firmado recientemente en el sector, al que ELA no se sumó».

En la nota se asegura además que para este contrato se han ha destinado «117,6 millones de euros para los próximos tres años, una cantidad un 27% superior al contracto actual».