Maite Ubiria

Philippe presenta una reforma que suprime regímenes «especiales» y retrasará la jubilación a los 64

El primer ministro francés, Edouard Philippe, ha desgranado este mediodía el proyecto de reforma al que se comprometió Emmanuel Macron durante la campaña presidencial de 2017. Pese a las grandes movilizaciones de protesta en las calles, el Gobierno persiste en pasar al sistema universal por puntos «progresivamente» y aplicará sanciones a fin de retrasar la edad de jubilación a los 64.

El primer ministro, Edouard Philippe, en su alocución. (Thomas SAMSOM | AFP)
El primer ministro, Edouard Philippe, en su alocución. (Thomas SAMSOM | AFP)

Tras las potentes movilizaciones de esta última semana, el Gobierno francés ha presentado este mediodía su reforma de pensiones, en una comparecencia del primer ministro Edouard Philippe.

Philippe ha comenzado su alocución subrayando el carácter integral de la reforma y reivindicando el sistema de repartición. No ha tenido problemas en preconizar la justicia social, y hasta se ha permitido «mostrar respeto a la cultura de lucha del pueblo francés».

La última trinchera

Ello no le ha impedido, ya al cierre de discurso, pedir que cesen las protestas en las calles por las que amplios sectores de la ciudadanía expresan su resistencia a renunciar al modelo de protección social levantado en Francia a partir de la II Guerra Mundial, y cuyo sistema de pensiones es visto por muchas personas como la última trinchera.

El jefe de gabinete, que proviene de las filas de la derecha y que, a decir de muchos, no comparte el sistema de puntos, que remite a la experiencia socialdemócrata, y en concreto a Suecia, ha sido contundente y ha dejado claro desde el principio que no habrá marcha atrás: «El sistema de regímenes especiales es el pasado, es el momento del sistema universal», ha aseverado, brindando el primer titular a la prensa hexagonal.

Había pocas dudas sobre la vocación del Gobierno de perseverar en su proyecto reformador, pero los analistas que auguraban una combinación de firmeza y flexibilidad coinciden a estas horas en señalar que Philippe solo ha hecho gala de la primera.

El Gobierno galo solo ha tenido un aliado, en el ámbito social, durante los dieciocho meses que ha durado el doble periodo de concertación: la CFDT. El sindicato mayoritario ha venido aceptando al menos desde 2010 la idea de que el sistema de pensiones precisa de una actualización y hasta ha abierto puertas con condiciones al sistema por puntos.

Patada a la CFDT

Hoy con su discurso, Philippe ha puesto cargas explosivas en ese puente. Ha prometido concertación con los agentes sociales a la hora de fijar el valor de los puntos y ha hecho algún guiño que otro de cara a ajustar los efectos más perniciosos de la reforma en el caso de algunas profesiones especialmente penosas. Sin embargo, a partir de ahí ha dado al traste con cualquier atisbo de apertura.

La CFDT ha reaccionado de inmediato por boca de su secretario general, laurent Berger, que no ha dudado en afirmar que Macron ha pisado la «línea roja». Efectivamente, el primer ministro ha hecho la filigrana discursiva de asegurar que se mantiene la edad de jubilación a los 62, pero al describir el sistema de bonus-malus ha dejado constancia de que «la edad idónea de jubilación» es la de 64 años, que el Gobierno aspira a generalizar para 2025.

La CFDT parecía dispuesta a esampar su firma, aun con una pinza en la naríz. Hoy ese eventual acuerdo parece más lejano, a no ser que Philippe aproveche el comodín y se sirva de la entrevista televisa en prime-time que concederá esta noche para dar alguna compensación al único gran sindicato que –a excepción de su sección de transporte– no ha secundado hasta la fecha las protestas en las calles.

Jubilación a 1.000 euros

El jefe del Ejecutivo ha hecho otra pirueta con la jubilación mínima a 1.000 euros. Salvo que de lo que se trata, en palabras de Philippe, es de que personas que han cobrado durante prácticamente toda su vida laboral –nueva medida de cómputo, olvidado el sistema de 25 mejores años– el salario mínimo interprofesional –1.521 brutos/mes, en 2019– o a las que les falte algún que otro trienio, o que hayan trabajado a tiempo parcial como es el caso de muchas mujeres... se jubilen, si cumplen distintos requisitos, con 1.000 euros.

En definitiva, los trabajadores que han conocido la precariedad, en el mejor de los casos, recibirán una pensión similar al ingreso que marca el umbral de pobreza -1.015 euros/mes en el Estado francés, de acuerdo a las estimaciones de la UE-.

Recortes en reembolsos sociales

Por lo tanto, quien quiera ver en la reforma que ha hecho pública hoy por Edouard Philippe una promesa de pensión garantizada deberá comprarse gafas. Y pagar de su bolsillo la graduación de la vista y la montura, dado que el Ejecutivo Macron seguirá, en paralelo a la reforma de pensiones, con a estela de recortes de sus predecesores en materia de reembolso de gastos médicos y farmacéuticos.

Con todo, el primer ministro ha aportado algunas certezas, seguramente dirigidas a disipar las quejas de la patronal Medef sobre «la falta de claridad» del proyecto de ley que debería ser aprobado, según el calendario aprobado hoy, en enero en Consejo de Ministros.

El presidente de la patronal Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, ha asegurado, de hecho, tras escuchar al primer ministro, que existe un buen equilibrio «entre la repartición y el control del déficit» en la propuesta gubernamental. Dicho esto, no se ha privado de afear «el retraso de seis meses» al Ejecutivo, tras lo que le ha aclarado que, con una propuesta ya sobre la mesa, «ahora es el tiempo de la acción», espantando así de un plumazo la oferta de retomar el diálogo lanzada por Philippe a los interlocutores sociales, de cara a pactar los plazos de la transición o las particularidades de algunos cuerpos profesionales.

Por cierto que el intento del primer ministro de dar garantías a algunas profesiones, caso de los profesores, no ha surtido de momento mayor efecto. La FSU, sindicato mayoritario en el sector de Educación, no se ha dado por satisfecha con la intención expresada por el jefe de Gobierno de compensar la pérdida que el nuevo sistema acarrearía al profesorado.

Las asociaciones de abogados, puente de lanza de sectores de profesiones liberales a los que Philippe ha garantizado que «nadie tocará el dinero que tienen en sus cajas de pensiones», se han declarado decepcionadas tras escuchar a Philippe, y entre quienes son «sus propios patrones», esos emprendedores a los que Macron prometió el oro al inicio del mandato, los recelos son más que evidentes, ya que nadie aclara cómo podrán asumir la subida en la cotización que acarrearía a priori la aplicación del nuevo sistema.

Con todo hay un sector al que el Ejecutivo ha mimado: los cuerpos policiales y militares, y en general los funcionarios ligados a la seguridad, podrán conservar sus sistemas específicos. A buen seguro, el Gobierno no tratará de «privilegio» ese trato diferencial, como ocurre a la hora de evocar los convenios especiales de los trabajadores de ferrocarriles.

Trasladar los efectos de la reforma a los más jóvenes

En definitiva, como deseaba la patronal y temían los sindicatos, el tren de la reforma se ha puesto hoy en marcha. En un contexto de fuerte contestación, con una nueva jornada de protesta en ciernes mañana, y con bloqueos persistentes en el transporte colectivo, la reforma se abre paso, ya con un calendario bastante claro.

El texto se aprobará en enero en Consejo de Ministros y podrá superar la tramitación parlamentaria el año próximo, para entrar en vigor en 2022. No obstante sus efectos empezarán a sentirse, y no en todos los casos, a partir de 2025.

El primer ministro ha aclarado que la aplicación de la reforma será «muy progresiva» a partir de esa última fecha.

Las personas nacidas antes de 1975 no estarían afectadas por el nuevo sistema. Philippe ha justificado esa elecciÓn en base a un «pacto entre generaciones», aunque en el fondo todo apunta a que el Gobierno trata de aportar hoy cierta confianza a los sectores más movilizados contra la reforma, los que sitúan su jubilación en un horizonte vital de 10-15 años, y a los que va a tratar de tentar con un «sálvase quien pueda» que Philippe ha denostado, precisamente, en un pasaje de su discurso.