NAIZ
MADRID

La Abogacía del Estado pide al TS que permita a Junqueras ejercer como eurodiputado

La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo que permita a Oriol Junqueras tomar posesión de su acta de eurodiputado para que pueda ejercer sus funciones mientras mantenga ese estatus, pero al mismo tiempo urge al tribunal español a tramitar «a la mayor brevedad» ante el Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad reconocida por el Tribunal de Justicia de la UE.

Oriol Junqueras, en el Congreso. (Pierre-Philippe MARCOU/AFP)
Oriol Junqueras, en el Congreso. (Pierre-Philippe MARCOU/AFP)

La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que estime el recurso de Oriol Junqueras y le permita tomar posesión como eurodiputado. Para ello, señala que «cabría permitir» su desplazamiento tanto a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo, para que cumpla con los trámites necesarios y recoja su acta.

En su informe, presentado hoy, pide al TS que haga posible «el ejercicio de su función representativa mientras mantenga su estatus de miembro de la Eurocámara» y que adopte las medias necesarias para «garantizar su misión» como eurodiputado y «el cumplimiento de la sentencia del procés», una sentencia que a su juicio tiene «total validez» al haberse dictado «con estricta observancia de las normas esenciales del procedimiento penal».

«Si bien el primer efecto aparejado a la inmunidad que debe ser reconocida al Sr. Junqueras lo constituye la posibilidad de dirigirse sin impedimentos al lugar de reunión del Parlamento Europeo o bien regresar de él a efectos del cumplimiento de los trámites previstos en el artículo 12 del acta electoral, no debe obviarse que la Sentencia del TJUE reconoce además que esas inmunidades tienen una finalidad expresa: que los parlamentarios europeos puedan dar cumplimiento a su misión», dice el escrito.

Considera en todo caso que el Supremo debe adoptar medidas de «aseguramiento» y custodia para «garantizar que la libertad de movimientos que en su caso pueda requerir el ejercicio de las inmunidades reconocidas no pueda dar lugar a la fuga del penado y a la correspondiente frustración del derecho fundamental al cumplimiento de las sentencias». No concreta las medidas aunque dice que pueden consultarse con el Parlamento Europeo en el marco de la «lealtad institucional».

No obstante, la Abogacía, al mismo tiempo que pide que se deje ejercer de eurodiputado a Junqueras, insta a los jueces del tribunal español a pedir al Parlamento Europeo «a la mayor brevedad la suspensión de la inmunidad reconocida por el Tribunal de Justicia de la UE». En línea con lo ya manifestado el pasado 10 de junio, concluye tras analizar el fallo del TJUE que Junqueras sigue gozando de inmunidad como eurodiputado ya que hasta el momento la Junta Electoral Central, el órgano competente, no se ha pronunciado sobre la incompatibilidad de su condena con su condición de parlamentario electo. Entiende que mientras esto no ocurra, es el Supremo quien debe pedir el suplicatorio.

En su informe también mantiene que el fallo del procés «en modo alguno» debe anularse «como consecuencia de los pronunciamientos de la sentencia del TJUE».

La nulidad del proceso contra los líderes independentistas catalanes es precisamente una de las peticiones que ha hecho la defensa de Junqueras al Supremo en su escrito de alegaciones.

Por el contrario, la Abogacía sostiene que, tal y como ha sentenciado el TJUE, la inmunidad adquirida el 13 de junio cuando Junqueras fue declarado eurodiputado electo «no contempla de manera expresa la paralización o suspensión de la causa principal».

El Supremo no decidirá enseguida

La Sala del Tribunal Supremo que tiene que decidir sobre la situación del líder de ERC no tomará una decisión inmediata ya que tienen que «estudiar» con detenimiento los informes que han presentado las acusaciones y la defensa de Junqueras, según indica Europa Press de fuentes judiciales.

El plazo para presentar las alegaciones concluía el próximo 2 de enero, pero todas las partes han remitido ya sus alegaciones, siendo la última la Abogacía del Estado, que lo ha hecho este lunes.