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Denuncian la devolución en caliente de 42 personas desde el Estado español a Marruecos

Más de 140 organizaciones de derechos humanos de todo el Estado español han firmado un manifiesto de condena de la devolución en caliente a Marruecos de 42 migrantes, entre los que había dos menores de tres y cuatro años y mujeres con heridas. Todos ellos llegaron el viernes de madrugada a la Isla Congreso del Archipiélago de Chafarinas. Esa misma tarde, la Guardia Civil los entregó a la Marina Real marroquí.

Un grupo de migrantes resiste encaramado en la valla de Melilla. (Blasco AVELLANEDA/AFP)
Un grupo de migrantes resiste encaramado en la valla de Melilla. (Blasco AVELLANEDA/AFP)

Según han informado las organizaciones en un comunicado, este viernes la Guardia Civil, por orden del Ministerio del Interior, devolvió a Marruecos a 42 personas migrantes que se encontraban en territorio español. Entre ellas había 26 mujeres, 14 hombres y dos niños, de tres y cuatro años de edad. La Guardia Civil detuvo al grupo en la Isla del Congreso y procedió a su entrega a la Marina Real marroquí en el mar.

El Ministerio del Interior español negó que los migrantes accedieran a territorio español, sin embargo, los migrantes, en contacto directo con una de las organizaciones sociales, habían avisado de su llegada a la isla española desde la mañana y documentado con geoposiciones y fotografías su situación, demostrando su llegada a la Isla del Congreso.

El grupo llegó a la Isla hacia las 6.30 de la mañana, informando vía Whatsapp a una de las organizaciones de que estaban pasando «mucho frío». Según pasaban las horas, alertaban de que uno de los niños estaba enfermo y enviaron el vídeo de una mujer desmayada. A las 16.30, las organizaciones supieron que los migrantes habían sido devueltos a la localidad marroquí de Ras el Kebdana.

Las organizaciones firmantes denuncian la repatriación «ilegal» ordenada por el Ejecutivo español, y piden al Gobierno en funciones «el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos» y de la legalidad española. Es por ello que exigen una investigación al Gobierno y la derogación de la disposición adicional décima de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Exigen, asimismo, «que se lleve a cabo la correspondiente investigación por los hechos acontecidos».