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Ayerdi asegura que están «obligados» a tramitar el reintegro de las ‘Becas Navarra’

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Nafarroa, Manu Ayerdi, ha sostenido en comisión parlamentaria que su departamento está «obligado» a tramitar los expedientes de reintegro de las ‘Becas Navarra’, otorgadas en cuatro convocatorias entre 2009 y 2012.

En concreto, de los 101 jóvenes becados son 26 sobre los que hay una solicitud de reintegro por no haber cumplido las condiciones que establecían las bases de las becas y que obligaba al retorno a Nafarroa para el ejercicio profesional «en los siguientes cinco años a la finalización de sus estudios en el extranjero y durante al menos cuatro años».

De esos 26 becados, hay 12 recursos a la exigencia de reintegro, en un caso no ha procedido el reintegro tras un recurso con alegaciones y otras cuatro personas se encuentran pendientes de respuesta por parte del departamento.

También una persona se encuentra pendiente de notificación formal, otras dos están pendientes de la solicitud de reintegro y una persona está en situación morosa. Hasta el momento, ha informado, 17 personas han ingresado el reintegro.

Ayerdi ha alertado de que las ‘Becas Navarra’ «están sujetas a las bases reguladoras a la obligación de retorno y también a las consecuencias derivadas de su incumplimiento» y ha recordado que sobre uno de los casos ya se han pronunciado los tribunales, «reconociendo que la actuación de la administración era correcta».

Ha ahondado en que «las bases reguladoras de estas Becas Navarra constituyen la ley y obligan a las beneficiarias y a la administración», por lo que ha considerado que ante un incumplimiento, los órganos gestores de las ayudas están obligados a tramitar el expediente de reintegro.

Ayerdi ha señalado que en este caso “un porcentaje importante” cumplió las obligaciones que establecía la convocatoria mientras que «una minoría no lo ha hecho» y ha añadido que «no corresponde a la administración entrar a valorar» las razones por las que cada beneficiario tomó una decisión u otra en su retorno a Nafarroa «o qué decisiones fueron las más adecuadas».

Por último, ha dicho que, tras hablar con beneficiarios, «algunos han afirmado dejar una oportunidad interesante para volver a Navarra, y ahora exigen que se aplique la norma a todos por igual».

A su vez, ha informado de que mantuvo personalmente una videoconferencia con personas beneficiarias, a quienes el departamento les ofreció la información y «responder a todas sus solicitudes de información, atendiendo a la anonimización».

Por Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniain, tras recordar que el Defensor del Pueblo «aportó una solución, con una interpretación más o menos amplia de la norma y la revisión de las bases reguladoras», ha apuntado que el departamento de Desarrollo Económico y Empresarial «sí revisó convocatorias y amplió plazos de pago para empresas» en tiempos de crisis, por lo que ha llamado a «observar de una manera más detenida y particular la situación».

Desde PSN, Ainhoa Unzu ha reprochado a UPN haber elaborado una convocatoria que «fue una chapuza» por no haber «facilitado ningún convenio ni acuerdo con empresas para facilitar el retorno del conocimiento», por lo que «dejó a los becados solos y vendidos».

Laura Aznal, EH Bildu, ha llamado a investigar las condiciones de los retornados y «el valor que están aportando a Navarra» puesto que cree que no es lo mismo «retornar por retornar que venir a desempeñar cargos para los que tienen una formación» y ha achacado la situación actual a «la mala planificación y previsión».

Desde I-E, Marisa de Simón ha cuestionado una posible modificación de las bases reguladoras, puesto que «pueden suponer agravios comparativos respecto a terceros», por lo que ha llamado a «dejar el buenismo» que suponen estas soluciones ya que «no van a poder ser». Ha llamado a preguntarse qué ocurre con quienes retornaron para cumplir con las bases y renunciaron a oportunidades mejores.

Ayerdi ha replicado que «es imposible» la revisión de las bases dispensando el cumplimiento del retorno. «No hay vía jurídica para la condonación de la deuda», ha concluido. Ha recordado a NA+ que «se están aplicando mecanismos de aplazamiento acordados con Hacienda», pero ha reprochado que «se pida una condonación».

Ha rechazado que se puedan «modular las circunstancias personales» porque abordar la realidad jurídica «de 101 personas y de aquellas que no se presentaron a las becas es un aspecto impensable».