Maite Itoiz y Alejandra Piñera, dos de las afectadas, han comparecido en una sesión de trabajo en comisión parlamentaria en la que han mostrado la situación en la que se encuentran y han presentado una propuesta con la que consideran que se da una solución dentro del marco legal.
El problema, ha indicado Itoiz, nace de unas bases «confusas» y «engañosas» de una beca que obligaba a los beneficiarios a regresar a trabajar a Nafarroa salvo un supuesto de «retorno estratégico» en el que podían permanecer fuera, si con su empleo repercutían en el herrialde, pero sin establecer qué se considera estratégico.
Esto, ha subrayado Itoiz, ha degenerado en un «desamparo legal para el becario», ya que «la administración carece de pautas objetivas para evaluarlo» y el becario, de «una guía para saber cómo actuar para cumplir con las bases».
En la práctica, han explicado, lo que se ha producido es una negativa en la práctica totalidad de los casos que solicitaron esta opción debido a una falta de criterios y dedicación en la evaluación, que se realiza por un una comisión formada por ocho personas que se reúne una vez al año y dedica una media de tres minutos a estudiar cada caso y acordar una decisión.
Itoiz ha dejado claro que los casos son diversos y ha hecho referencia a ejemplos de personas que han tenido que renunciar a trabajos bien remunerados en su especialidad para volver a Nafarroa para cobrar el paro, trabajar en otro campo, por el Salario Mínimo Interprofesional o hacerse autónomos y así no verse obligados a devolver el alto importe solicitado.
Según han asegurado Itoiz, ante la falta de criterio establecido se ofrecen decisiones «arbitrarias» y, en caso de duda, la comisión eleva el caso a un departamento externo que desconocen y tarda un año en responder, algo inasumible, han apuntado, ya que una empresa no puede esperar ese tiempo para que decidan si aceptan o no la oferta.
Si bien el pasado año se incluyó en la convocatoria una aclaración sobre cómo se va a aplicar el criterio de retorno estratégico, ésta, ha denunciado Piñera, «llega tarde y mal», pues no considera «riguroso ni equitativo revisar criterios 10 años después de que se publiquen, menos aún sin avisar a los implicados».
Para establecer este criterio, ha sugerido que se use como referencia el Plan de Internacionalización de Nafarroa y ha pedido que se establezcan unas bases de evaluación en la comisión, comunicándose ambas cosas a los becarios.
Asimismo, ha requerido que, en la resolución de los casos, la comisión explique el motivo de su decisión, ya que en al actualidad tan solo se les comunica si se ha aceptado o no su petición.
Piñera ha hecho referencia también al compromiso de los becados para «seguir aportando valor» y ha planteado establecer la figura de «embajadores» de Nafarroa que podrían ofrecer asesoramiento a instituciones, empresas, estudiantes y jóvenes profesionales, formación, colaborar en la búsqueda de talento extranjero o promocionar la imagen del herrialde.
Una década después, ha asegurado Itoiz, siguen sintiéndose desamparados pero perciben que son escuchados, algo en lo que ha sido muy importante el apoyo mostrado recientemente por el Defensor del Pueblo, que «ha encendido una luz a poder conseguir una solución» que pasa por que haya «voluntad política».
Desde Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha reconocido que las bases presentaban «cierta ambigüedad» y que la solución ha conllevado «falta de equidad» y un «resultado injusto» para los beneficiarios, señalando asimismo que «nadie se esperaba que se realizase una interpretación tan restrictiva» y que «de manera casi sistemática se optase por el reintegro».
Ainhoa Unzu, del PSN, ha considerado que esta convocatoria «fue un despropósito desde que se comenzaron a escribir las bases» y ha señalado que, si bien existe voluntad política para encontrar una solución, la mayor dificultad está en encontrar una vía legal, aunque ha reconocido que la propuesta planteada por las ponentes es «muy sensata».
Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiain ha manifestado su interés de buscar una solución que tenga sobre todo seguridad jurídica ante un problema «que se generó en tiempo de UPN».
Laura Aznal, de EH Bildu, ha criticado este «mal llamado programa de becas» y se ha mostrado a favor de encontrar una solución desde la seguridad jurídica mostrando a su vez su preocupación por cómo afrontar los agravios comparativos derivados de que hay personas que ya han pagado las cantidades requeridas.
En la misma línea se ha desarrollado la intervención de Mikel Buil, de Podemos, que ha reconocido el agravio y la falta de criterios de la convocatoria y ha mostrado su compromiso de buscar una solución pero subrayando que para resolver un agravio no se puede generar otro.
