Entre las medidas para controlar los alquileres e impedir la especulación, se recoge la necesidad de elaborar «índices de referencia de alquiler por municipios y barrios, vinculando los ingresos medios de los hogares en cada zona y los alquileres medios». Defienden las plataformas que Lakua «está habilitado para establecerlos por Decreto Ley 7/2019».

Asimismo, piden que se declaren como «zonas tensionadas» aquellas «en las que el coste medio de los alquileres, más gastos fijos de comunidad e impuestos, superen el 30% de los ingresos medios de las familias». En dichas áreas, se limitarían los alquileres para que los gastos no superen dicho porcentaje, revisándose anualmente y penalizando a aquellos caseros que «no los respeten o no declaren su alquiler».

En lo referente a las medidas para ampliar el parque público de viviendas de alquiler social, el manifiesto solicita recalificar todas las VPO para tal fin, además de subvencionar costes de rehabilitación –proporcionales al tiempo de cesión–, poder ejercer el derecho de tanteo y retracto, realizar convenios con los ayuntamientos para dedicar el remanente de tesorería al alquiler social, y que dicha calificación sea permanente impidiendo la liberalización con el paso del tiempo y una posterior especulación.

En cuanto a la regulación de los pisos turísticos, las plataformas exigen al Gobierno de la CAV la reforma del decreto sobre viviendas de este tipo, posibilitando una mayoría de tres quintas partes de la comunidad de vecinos, como está establecido en la regulación estatal. Además, se considera necesaria «una zonificación y declaración de zonas saturadas a efectos de concesión de licencias» y sanciones «contundentes» contra las ofertas «clandestinas» de plataformas digitales.

De cara a movilizar la vivienda deshabitada, reclaman la aprobación «urgente» de un reglamento que regule estos inmuebles y la apertura «inmediata» de expedientes que deriven en «alquileres forzosos, expropiación de uso o aplicación del canon». Junto a ello, se pide un inventario público de viviendas, propiedad de la administración, así como un listado, también público, de inmuebles «con más de dos años deshabitadas, propiedad de fondos de inversión, bancos y personas jurídicas».

Se reivindica una reforma fiscal que englobe la «supresión desde este año de la desgravación fiscal por compra de vivienda», la modificación de ayudas al alquiler «condicionándolas para el arrendador al cumplimiento de los índices de referencia» y la rebaja del IVA «en la rehabiltación de viviendas destinadas al alquiler social».

Junto a ello, habría que «facilitar fiscalmente» la permuta de viviendas por necesidades familiares de colectivos vulnerables y la aprobación «urgente» del decreto sobre derecho subjetivo que recoja «las aportaciones hechas por Stop Desahucios y otras organizaciones sociales en 2017».

Por último, solicitan que se reúna el Órgano de Coordinación Tributaria de la CAV e impulsar en las Juntas Generales de los tres herrialdes un acuerdo «a favor del alquiler y en contra de los fondos buitre».