Tras la publicación del Decreto-ley 10/2020 el pasado domingo, ESK entiende que «el nerviosismo de PNV y Confebask fue más que patente». La central sindical afirma que «no les pareció tolerable que se antepusiera la vida y la salud de las personas por delante de los beneficios de las grandes empresas industriales vascas. Ese fue el momento de la Brunete mediática capitaneada por EiTB, bajo el almirantazgo de Koldo Mediavilla, de los exabruptos del otrora comedido Josu Erkoreka y de las escalofriantes sonrisas de la siempre sobria Arantxa Tapia».

ESK ya interpuso una denuncia penal la pasada semana. La central sindical lamenta que «la presión del PNV ha logrado que el Ministerio español de Industria exceptúe de la aplicación del permiso retribuido recuperable a una serie de actividades económicas y que, en vistas de ello, el PNV esconde el hacha de guerra y fuma la pipa de la paz con Pedro Sánchez».

Entre «tanta prisa, exabrupto, amenaza más o menos velada y miedo por ver como las carteras de los amigo corrían riesgo de adelgazar», ESK asegura que han tomado una serie de decisiones que «a nuestro juicio las sitúan fuera del cumplimiento de la ley». Añade que el artículo 5 del RDL 140/2020 «dice claramente que es el Ministro de Sanidad quien podrá modificar o especificar, mediante las correspondientes órdenes, las actividades afectadas por el mencionado permiso retribuido».

Por lo que expresa que «siendo esto así de claro, nos preguntamos ¿cómo es posible que Reyes Maroto firme una nota interpretativa para el sector industrial sobre la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020?» y extiende la duda a la consejera autonómica. «¿Sabe Arantxa Tapia que no le competía a ella emitir un documento interpretativo al respecto como el que firmó con fecha 31 de marzo?».

Ambas acciones, a juicio de ESK, suponen «un grave atentado contra la salud de toda la ciudadanía, porque de facto ya han traído que un buen número de empresas industriales recuperen su actividad». Concluye que «es, además, absolutamente irresponsable, porque abre une escenario de una gran inseguridad jurídica para trabajadoras y empresas» y entiende que «podemos estar ante la comisión de sendos delitos de prevaricación por parte de ambas mandatarias», por lo que los servicios jurídicos de ESK estudiar plantear una denuncia.