La Iniciativa por el Derecho a Techo y contra la Exclusión Social de Gasteiz ha presentado una denuncia en el Juzgado de Guardia contra el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, por la venta de 500 viviendas protegidas de Vitalquiler a un fondo sueco de inversión.

Así lo han explicado miembros de esta plataforma en una rueda de prensa celebrada frente a la Delegación Territorial de Vivienda, donde han advertido de que la actuación del Ejecutivo autonómico puede constituir «un delito de prevaricación, fraude y estafa».

Han destacado «el papel determinante» que ha jugado el Gabinete de Iñigo Urkullu y los partidos que lo conforman, PNV y PSE, en «la venta fraudulenta» de 500 viviendas de protección oficial de los barrios de Salburua y Zabalgana al fondo sueco de inversión inmobiliaria Catella.

La iniciativa ciudadana ha manifestado que el Gobierno de Gasteiz, además de autorizar la venta, ha renunciado a ejercer el derecho de tanteo y retracto previsto en el artículo 65 de la Ley vasca de Vivienda, «perdiendo una gran oportunidad» de aumentar el parque público de vivienda en propiedad.

Los convocantes han acusado al Ejecutivo de ejercer una política de vivienda que va «en contra de las necesidades de la población» al anteponer «el negocio privado al derecho a la vivienda» y dejar a parte de la población «en situación de vulnerabilidad» en manos de fondos que buscan la rentabilidad económica y no el bienestar de estas personas.

A su juicio, el traspaso de viviendas públicas al ámbito privado pone en cuestión las necesidades básicas de la población, ya que muchas personas que viven en esas casas pertenecen a sectores vulnerables, dado el carácter social de los alquileres.

La Iniciativa por el Derecho a la Vivienda y contra la Exclusión Social ha censurado el abandono de algunas instituciones a la hora de asegurar el derecho básico a la vivienda, fomentando el «ansia de negocio de especuladores».

Creada en 2001

Los denunciantes han explicado que Vitalquiler se creó en 2001 con el objetivo de promover un parque de viviendas protegidas en alquiler en Gasteiz, pero que, tras esta operación de venta, la entidad se ha deshecho del 57% del parque que poseía, dejando en manos privadas la gestión de su alquiler social.

Catella se comprometió a mantener el régimen social de estas 500 viviendas hasta el año 2033, un acuerdo del que la iniciativa ha recelado al exponer varios casos dados en otras ciudades como Donostia o Barcelona, donde los fondos de inversión tramitan «órdenes de desahucio» tras adquirir cientos de pisos.