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Inspecciones en el campo contra la explotación laboral y crispada respuesta de UAGN

Hasta final de este mes de junio se extenderán las inspecciones en el campo para conocer de cerca si se están produciendo casos de explotación laboral o esclavitud. Hoy mismo ocho organizaciones han denunciado al Estado español ante la ONU «por violar los derechos humanos de las temporeras de la fresa en la pandemia en Huelva», Y el presidente de UAGN ha amenazado ‪con que «como no retire las inspecciones, no vamos a ser pacíficos».‬

Las inspecciones en el sector primario están generando mucha polémica. (J.H./FOKU)
Las inspecciones en el sector primario están generando mucha polémica. (J.H./FOKU)

En febrero se anunció por parte de la ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, que se iba a iniciar una campaña por la Inspección de Trabajo sobre las condiciones laborales y salariales de los y las trabajadoras del campo. Incluso la propia ministra habló de supuestas condiciones de esclavitud.
A mediados de mayo se dieron ya las instrucciones básicas para la campaña, que se extenderá hasta final de este mes de junio. Ni COAG ni Asaja ni UPA aceptan que haya condiciones de «esclavitud» y se han opuesto a este control, incluso pidiendo la dimisión de la ministra.

A tal punto llega el enfado de algunos que el presidente de UAGN, ‪Félix Bariáin‬, alineado muchas veces con la patronal navarra, ha amenazado hoy con actuar de modo «no pacífico», si no se pone fin a las inspecciones. Un mensaje que ha suscitado mucha controversia en las redes y reacciones como esta de Podemos Navarra.


Sin embargo, algunas situaciones están saliendo ya a la luz y destapan la existencia de abusos. El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) denuncia varios casos de bajos salarios y la organización Women’s Link Worldwide ha pedido hoy mismo a la ONU que investigue de manera urgente las vulneraciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras migrantes en la recogida de la fresa y frutos rojos en Huelva.

Los 23 inspectores que se han repartido esta tarea llevan un formulario tipo, además de controlar in situ la situación, con estas preguntas: «¿Presenta el trabajador indicios de malos tratos, como magulladuras? ¿Está encerrado en el lugar de trabajo? ¿Hay signos visibles que indiquen que no puede abandonar el lugar de trabajo, como alambradas o la presencia de guardianes u otras limitaciones de este tipo? ¿Se amenaza al trabajador para que no abandone el lugar de trabajo?». El objetivo es detectar posibles casos de «explotación laboral» e incluso de «esclavitud» por parte de empresarios agrícolas.

Además comprobarán si los empresarios ponen a disposición de los jornaleros los equipos de protección individual (EPI), medios de higiene personal o cuáles son las medidas que adoptarían en caso de contagio o sospecha por covid-19.

Ante la ONU
En este contexto, hoy mismo la organización internacional Women’s Link Worldwide, con el apoyo de otras 7 organizaciones (Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluza; Colectiva de Trabajadores Africanos; Asociación Solidaridad, Igualdad y Sostenibilidad de Trabajo Integral Cuenca Minera (Asisti); Jornaleras en Lucha; Mujeres 24H; Observatori de Drets Humans i Empreses a la Meditteránia (OCDHE); Instituto Interamericano de Responsabilidad social y Derechos Humanos (IIRESODH)) ha enviado una comunicación urgente a diferentes organismos  de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informando sobre las vulneraciones de derechos humanos que sufren las temporeras marroquíes y otras personas migrantes que trabajan en la recogida de la fresa y frutos rojos en Huelva.

«La pandemia de COVID-19, como todas las crisis, tiene un impacto específico en las mujeres y exacerba las desigualdades de género ya existentes. Este impacto es especialmente grave para las mujeres vulnerabilizadas, como las temporeras de la fresa, cuyas familias dependen de sus ingresos y trabajan bajo unas condiciones laborales discriminatorias y abusivas», explica Aintzane Márquez, abogada de esa organización.

En Nafarroa

UAGN exigió a finales de mayo la dimisión de la ministra tras inspecciones en explotaciones de la zona de Lizarra durante la madrugada. «Desde UAGN instamos al Gobierno de Navarra y a Delegación de Gobierno que defienda al sector y que afirme que en el campo de Navarra no hay explotación ni esclavitud». Y ahora su presidente ‪Félix Bariáin, ha amenazado indicando que «como no retire las inspecciones no vamos a ser pacíficos»‬.

Esta organización ya se manifestó contra la Renta Garantizada de Nafarroa con el argumento de que  «está suponiendo un freno brutal para encontrar trabajadores en el campo». Indica el nivel de ingresos que están dispuestos a pagar a los jornaleros.

Esta situación ha elevado la tensión entre la patronal de las empresas agrícolas, que niega la existencia de «esclavitud». «Nosotros no esclavizamos a nadie», ha declarado el director de Asaja, Juan José Álvarez, que rechaza que «se trate a los agricultores y ganaderos como delincuentes, mientras que el secretario de organización de COAG-Andalucía, Eduardo López, ha lamentado que el Ministerio de Trabajo «colabore con campañas tóxicas de la competencia europea» y ha calificado de «inaudito e insólito» que se hable de esclavitud en el campo.

No cuestiona ni el cumplimiento de la legislación laboral ni el funcionamiento de los cuerpos de inspección, pero no entiende «cómo desde el Gobierno se pueda trasladar la idea de una situación generalizada de maltrato al trabajador cuando los casos, si existen, son muy aislados, y hay vías administrativas y jurídicas para erradicarlos».

Algunos ejemplos estatales

Mientras, desde UPA han insistido en que en el campo español «no hay esclavitud», sino una falta de precios justos que hunde la rentabilidad del sector y eso es lo que se debe perseguir.

Oscar Reina, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), ha explicado varias veces a través de twitter lo que está ocurriendo en el campo andaluz. «En Carmona, Finca Ranilla, a 1'5 euros la caja de ajos de 20 kilos, cuando trabajar por kilos en Sevilla es ilegal. Más de 600 kilos de ajos tienen que cortar para llegar al sueldo. No sacan ni 30 euros por persona». Por lo que concluye que es «esclavitud laboral y sinvergüenzonería patronal».

UGT-Fica, sin embargo, sostiene que la instrucción ordenada por el Ministerio de Trabajo se queda «muy corta», porque «en mes y medio es imposible que los inspectores puedan realizar una radiografía laboral del campo español».

CCOO, por último, ve adecuadas las labores de inspección y, aunque ha negado que haya una «situación de esclavitud generalizada», ha resaltado que «todos los años en las campañas se dan demasiados casos de explotación laboral y situaciones no deseables en las viviendas facilitadas a los trabajadores».