De forma unitaria las centrales sindicales SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO, UGT y ESK señalan que «las políticas de recortes del Gobierno Vasco han desencadenado un debilitamiento progresivo y preocupante de la sanidad pública vasca».

Para revertir esa situación esperan un seguimiento masivo de estas movilizaciones del viernes y reclaman al Gobierno de Gasteiz que, «de manera urgente y sin más dilación», cambie de raíz sus políticas públicas en materia de salud en favor de una sanidad pública y de calidad.

Para ello, entienden que debe dotarse a la sanidad pública vasca con una partida económica similar a la media europea y en materia de empleo precisan que es necesario el aumento de la plantilla, «con la incorporación a la plantilla estructural de los empleos ocultos en fraude» y la «consolidación de trabajadoras y trabajadores  eventuales que estabilicen la plantilla y eviten la fuga de profesionales formados por Osakidetza con dinero púbico».

A la vez, piden al Gobierno de Gasteiz la «reversión de todos los recortes» y la «recuperación del poder adquisitivo, Itzarri, desarrollo profesional, primas de jubilación anticipada». esta demanda incluye a los servicios privatizados «con mantenimiento de empleo».

Otro grupo de medidas exige «garantizar la salud y la seguridad de la plantilla», tanto ante un eventual rebrote del coronavirus, como en su labor diaria. En este sentido piden «material de protección suficiente y adecuado para todas las categorías»; valoración de los riesgos laborales en los distintos niveles asistenciales y adopción de medidas preventivas y de protección; evaluación de riesgos sicosociales, incluyendo los derivados de las cargas de trabajo, y adopción de medidas correctoras.

Esenciales para la vida
Como indican los sindicatos en un comunicado unitario, la crisis del coronavirus ha puesto ante nuestros ojos cuáles son los sectores o actividades esenciales para la vida. Y también ha subrayado la importancia de los servicios públicos. «En concreto, la importancia de la sanidad pública como un instrumento de bienestar colectivo, un seguro de vida colectivo, que sin duda debemos fortalecer y desarrollar para garantizar el bien común», exponen.

Entienden, por otro lado, que en los últimos años, «la sanidad se ha convertido en una fuente de negocio, algunos/as han visto la oportunidad de ganar dinero a costa del sistema sanitario». lo que ha llevado, como expresan, al «debilitamiento de la sanidad pública», cuyas consecuencias «han sido patentes a la hora de hacer frente a esta crisis sanitaria».

SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO, UGT y  ESK destacan que «ha sido el esfuerzo e implicación de la plantilla el que ha conseguido paliar las carencias de nuestro sistema sanitario, tal y como también sucede en el día a día». Enumeran las condiciones excepcionales que  todo el personal ha realizado: «cargas de trabajo inaceptables; falta alarmante de medidas de protección y equipos integrados por personal escaso al que Osakidetza no ha formado ni dotado de medios adecuados ni suficientes para afrontar esta crisis».

Plantilla exhausta
La consecuencia directa, según apuntan los sindicatos al unísono, es «una plantilla exhausta, física y psicológicamente, con una profesional fallecida; más de 2.000 profesionales contagiados/as por la falta de medidas de protección». Según los datos que aportan, el contagio de las y los trabajadores de Osakidetza ha llegado a alcanzar el 18% del total de positivos de la CAV, «positivos que, en algunas OSIs, han alcanzado al 20% de la plantilla total», según matizan.

Todo lo achacan a las políticas de recortes del Gobierno de Gasteiz, que «han desencadenado un debilitamiento progresivo y preocupante de la sanidad pública vasca». Citan seis consecuencias directas de esta situación: en época de crecimiento económico, partidas presupuestarias muy escasas que distan mucho de la media de la UE; destrucción de empleo, plantilla estructural muy escasa y no sustitución de vacaciones, jubilaciones y otras ausencias; uso abusivo y fraudulento de la contratación: el 40% de la plantilla es temporal; recortes de derechos laborales: 15 % de pérdida de poder adquisitivo, Itzarri, desarrollo profesional, primas de jubilación anticipada; privatizaciones y cargas de trabajo inaceptables con la consiguiente pérdida de la calidad asistencial.