El objetivo es sentar las bases que permitan gestionar desde Nafarroa la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria. Desde el Ejecutivo se recuerda que de este modo, se cumple con lo establecido en el Acuerdo Programático para la legislatura 2019-2023, donde se disponía la realización de un estudio para la creación de una Oficina de Ejecución Penal, la coordinación de la Red de Reinserción de Personas en Semilibertad y Libertad Condicional, así como la progresiva asunción de competencias en programas de tratamiento a medio y largo plazo. Todo ello se hará cumpliendo con lo recogido en la LORAFNA.

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha presidido la primera reunión de este grupo técnico y ha señalado que los trabajos que va a realizar este grupo «responden a un compromiso de legislatura de este Gobierno», y son «la primera piedra de un proceso, que será largo, encaminado a asumir las competencias que se reflejaban en el Amejoramiento».

Ha añadido que, con el modelo que se pretende diseñar, no se trata únicamente de cumplir con la LORAFNA, sino, «de profundizar en otra manera de entender las cárceles». Además, ha señalado que «no es posible olvidar que las personas presas tienen intactos sus derechos sin otras limitaciones que las que establezca su sentencia, y que para preservarlos resulta imprescindible que la privación de libertad no suponga, como con demasiada frecuencia sucede, un factor de desocialización que cronifica la marginación y propicia la reincidencia».

Santos ha detallado que «es convencimiento del Gobierno de Navarra que el sistema penitenciario tiene como fin la reinserción»; y que, para ello, «es necesario coordinar y articular mejor los itinerarios que permitan a la población reclusa socializarse y tener alternativas cuando cumplan sus penas». «Creemos que esos itinerarios se coordinarán muy provechosamente cuando sea la Administración Foral la que los gestione por completo», ha señalado.

Eduardo Santos ha incidido en que «de la misma forma que la comunidad impone una pena a quienes atentan contra los valores esenciales de su convivencia, es también la comunidad, a través de sus poderes públicos, la que debe poner los medios para que su cumplimiento no aumente su exclusión». «En la medida en que hagamos realidad la reinserción como principio rector de nuestro sistema penitenciario, estaremos demostrando nuestro nivel de cohesión y madurez como sociedad», ha resumido.

Informe técnico para febrero

Eduardo Santos ha recordado que es la propia LORAFNA la que otorga a Nafarroa esas competencias de gestión. El Gobierno navarro ya ejerce algunas competencias educativas o sociales en el ámbito penitenciario. Además, se mantiene una estrecha colaboración con la Administración General del Estado en otras materias tendentes a la reinserción, como los programas terapéuticos en prisión a maltratadores del ámbito familiar, o los trabajos en beneficio de la comunidad.

El grupo de trabajo ahora constituido cuenta con la organización, impulso y dinamización de Jorge Ollero, técnico de la Federación Andaluza Enlace. Ollero, jurista en excedencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, es miembro de la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP).

Su labor será dinamizar a las personas expertas agrupadas y redactar el documento técnico que analice y establezca las líneas estratégicas del nuevo Servicio Navarro de Ejecución Penal. Dicho informe, según se prevé en la Orden Foral que lo constituye, estará redactado en el mes de febrero de 2021.

Será el final de unos trabajos que, aunque formalmente hayan arrancado hoy, ya vienen desarrollando de manera individual las personas expertas que fueron designadas.

Grupo multidisciplinar

El equipo queda conformado por 15 personas, entre las que se incluyen el propio consejero, Eduardo Santos, y el director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas. Ambos son representantes del Gobierno navarro en un grupo en el que se integran, además, juristas, académicas, profesionales de la abogacía o diferentes entidades sociales que trabajan con la población reclusa.