Según detalla el sindicato en una nota, una de ellas es la obra de construción del Tren de Alta Velocidad en su tramo Arrasate-Elorrio-Bergara promovida por el Gobierno de Lakua.

En esta obra, «hemos tenido conocimiento de que las y los trabajadores están fichando 8 horas pero están realizando 11 horas diarias de lunes a viernes. Además, en este caso, podemos estar ante un delito de falsificación de documentos, lo que nos parece muy grave», añade la central.

La segunda obra pública denunciada es la de rehabilitación de la fachada de la Hacienda de Gipuzkoa sita en Errotaburu, donde «la Diputación de Gipuzkoa ha contratado para ello a una empresa alavesa, Indenort S.L, la cual, ha subcontratado esos trabajos a una empresa vizcaina, Euskogres S.L. quien aplica el convenio de la construcción de Bizkaia a las y los trabajadores que trabajan en la obra de Errotaburu».

Las otras dos obras denunciadas son la construcción de una residencia de mayores en Igara (Donostia) y unas viviendas en Astigarraga, donde las empresas denunciadas son «empresas subcontratadas que están aplicando sus convenios de origen a las y los trabajadores de esas obras, concretamente los convenios de Burgos y Madrid, respectivamente».

LAB destaca que en las cuatro obras denunciadas «existe un denominador común, el uso de la subcontratación para abaratar costes, lo que conlleva que no se respeten los salarios mínimos a esas y esos trabajadores. Son las propias administraciones públicas, Gobierno Vasco y Diputación de Gipuzkoa, quienes no cumplen el convenio sectorial del territorio. Nos parece muy grave y, por ello, hemos presentado una copia de las denuncias a ambas entidades para que respondan por lo que están haciendo».

Añade que estas denuncias muestran que, «en la construcción, los incumplimientos del convenio están a la orden del día y que no existe voluntad política de terminar con la precariedad laboral del sector. No podemos permitir que las propias instituciones incumplan las normas y proyecten una imagen de Gipuzkoa de territorio ‘low cost’».

Ante la próxima celebración de elecciones en la CAV, el sindicato exige «a todos los partidos políticos un compromiso claro y activo por respetar los derechos de las y los trabajadores, también en el sector de la construcción, a través de medidas reales que prevengan todo tipo de incumplimientos».