Para ello, el vicepresidente segundo, José María Aierdi, ha suscrito con los representantes de los consistorios los convenios que establecen el trabajo conjunto con los servicios sociales de base.

En concreto, esta colaboración se llevará a cabo en Iruñea, Barañain, Zizur Nagusia, Eguesibar, Valle de Aranguren, Atarrabia, Burlata , Berriozar y Beriain.

Los profesionales, entre los que se encuentran educadores, personas especializadas en intervenciones comunitarias en el ámbito local, mediación e integración social, irán rotando por cada uno de los ayuntamientos que acogen promociones públicas de alquiler protegido para favorecer la proximidad en el entorno, la participación social y un seguimiento cercano a las familias.

Esta labor la desarrollarán en las oficinas de los servicios sociales de base junto a los técnicos de cada municipio.

En el acto de la firma del convenio, Aierdi ha remarcado que «iniciativas como esta son precisamente las que contribuyen a que las políticas públicas de vivienda no se limiten a ofrecer únicamente un edificio y un arrendamiento protegido, sino que se conviertan en una auténtica herramienta de integración social y convivencia vecinal por medio del acompañamiento socioeducativo».

«No sólo tenemos que mirar por la calidad constructiva y la eficiencia energética de los edificios, sino que debemos mirar por la gente que vive en ellos», ha subrayado

La rúbrica de estos convenios, en un acto celebrado en la sala multiusos del Palacio de Nafarroa, ha dado pie a celebrar un encuentro de trabajo que ha reunido al vicepresidente segundo y al director general de Vivienda Eneko Larrarte con los responsables municipales en el que Aierdi ha afirmado «su compromiso con la política social» y mostrado del Gobierno para hacer de la política de vivienda «un instrumento de cohesión».

Los nueve ayuntamientos firmantes del convenio suman en conjunto 1.449 viviendas de alquiler público, de las que 921 son propiedad de Nasuvinsa y las 528 restantes forman parte de la Bolsa de Alquiler, lo que representa el 89,40% del parque público de alquiler y el 70,10% de la Bolsa integrada con viviendas cedidas por propietarios particulares.