El diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, y el director general de Hacienda, Iñaki Alonso, han comparecido en el día en que comienza el periodo de 15 meses de adaptación voluntaria a ese sistema que representa un «proyecto estratégico» y un «compromiso» que asumió el diputado general, Unai Rementeria, que «cierra posibilidades al defraudador» y «contribuye, por tanto, a una Bizkaia con más recursos».

Empresas y autónomos pueden empezar a hacer pruebas con Batuz, que supone un instrumento en la lucha contra fraude fiscal, ya que impide ocultar ventas y llevar una doble contabilidad, también de asistencia al contribuyente porque las empresas y los trabajadores autónomos van a recibir un borrador ya confeccionado de sus declaraciones de IVA, de renta y de sociedades.

Ese sistema también favorece la digitalización de las empresas «ya que establece una relación puramente telemática con el contribuyente». «Se acabó lo de ir a las oficinas de Hacienda para entregar los papeles», ha dicho.

Batuz supondrá el control de la facturación mediante el sistema TicketBAI, que se puede usar ya, así como la gestión del libro de registro y operaciones económicas en la sede electrónica de Hacienda, que se pondrá en marcha en fase de prueba en noviembre, y el envío a los contribuyentes de esos borradores de declaración, que se retrasará hasta 2022.

15 meses de adaptación

La Hacienda de Bizkaia ha considerado que los 15 meses para conocer el sistema «es un plazo más que suficiente para resolver dudas que vayan surgiendo» pero ya pueden emitir facturas por el sistema Batuz en sus operaciones de ventas, que impide la ocultación de una caja B.

Para emitir esas facturas las empresas deberán adaptar su sistema de software si bien la mayor parte de las compañías ya usa ese tipo de programas informáticos y para usar Batuz solo tendrán que actualizarlo.

El director de Hacienda, Iñaki Alonso, ha añadido que la norma foral aprobada 15 de julio sobre Batuz incluye un régimen sancionador que entrará en vigor 1 enero de 2022 con multas desde 1.000 euros para las infracciones más pequeñas, hasta otras mucho más importantes que equivalen hasta el 2 o 3 % del volumen de facturación, con límites de 400.000 y de 600.000 euros, «para quienes verdaderamente monten un sistema sofisticado de defraudación». Pero «si todo el mundo cumple, no habrá multas», ha concluido Iruarrizaga.