Las negociaciones internacionales para alcanzar un pacto sobre fiscalidad de las empresas digitales no han logrado cerrar el acuerdo que buscaban para este año. La OCDE, organización que lidera esta negociación, ha señalado diplomáticamente que se han realizado «progresos sustanciales» que permiten fijar un nuevo objetivo para cerrar un compromiso a mediados de 2021.

La OCDE reconoce que las negociaciones se han ralentizado tanto por la pandemia de covid-19 como por las diferencias políticas. Los participantes asumen que el enfoque de dos pilares desarrollado hasta ahora refleja un puntos de vista compartido sobre las características clave de las políticas, los principios y los parámetros de un futuro acuerdo. Asimismo, señalan que han identificado las cuestiones políticas y técnicas pendientes –en las que queda por salvar las diferencias de opinión–, y los próximos pasos en el proceso multilateral.

El secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, advirtió de que sin una solución global, existe un riesgo real de que los países se embarquen en adoptar medidas sin coordinación y «unilaterales». «Es imperativo que hagamos este trabajo hasta la línea de meta. Un fracaso amenazaría con que las guerras fiscales deriven en guerras comerciales en un momento en que la economía global está sufriendo enormemente», advirtió Gurría.

Esta advertencia cobra pleno sentido teniendo en cuenta que durante los últimos meses varios países, especialmente de la Unión Europea (UE), han aprobado la activación de impuestos a las grandes empresas digitales, que en su inmensa mayoría son estadounidenses. En respuesta a esas decisiones, Washington amenazó con sanciones directas, lo que llevó a dejar las nuevas normas en suspenso mientras se desarrollan las negociaciones en el seno de la OCDE.

El largo camino hacia una nueva fiscalidad internacional

El Marco Inclusivo de la OCDE/G20 sobre BEPS (del inglés «Base Erosion and Profit Shifting», en español «Erosión de la base imponible y traslado de beneficios»), agrupa a 137 países y jurisdicciones en pie de igualdad para la negociación multilateral de nuevas  normas fiscales internacionales.

Comenzó sus trabajos en 2017 bajo los auspicios del G20 para tratar, en un primer momento, de frenar el traslado de beneficios de las multinacionales hacia paraísos fiscales. A esos trabajos sobre la determinación de unas reglas comunes de tributación, se ha añadido posteriormente la cuestión de los impuestos que deben pagar las grandes empresas digitales que, en muchos casos, carecen incluso de sedes que hacen difícil territorializar el pago de los tributos.

Los trabajos se desarrollan en dos direcciones bautizadas como Pilar Uno y Dos. El Pilar Uno recoge las reglas sobre dónde se deben pagar los impuestos y la forma en la que se deben compartir los impuestos entre países. El objetivo de esta definición es que las empresas multinacionales con un uso intensivo de la tecnología digital o orientadas al consumidor paguen impuestos cuando realizan negocios sostenidos y significativos, incluso cuando no tengan presencia física, como exigen actualmente las normas fiscales vigentes.

El Pilar Dos introducirá un impuesto mínimo global que obligaría a las multinacionales a pagar una cantidad mínima por sus beneficios. Existe ya una propuesta para consulta pública sobre este aspecto.

Un análisis de la OCDE calcula que el efecto combinado de ambos pilares supondría aumentar hasta un 4% el ingreso por el Impuesto sobre Sociedades global, es decir, unos 100.000 millones de dólares más anuales. Asimismo, los cálculos de la OCDE muestran que otros 100.000 millones de dólares podría redistribuirse entre los países de entrar en vigor las reglas fiscales diseñadas en el llamado Pilar Uno.

El trabajo en curso se presentará en un nuevo Informe Fiscal del secretario general de la OCDE y se debatirá durante la próxima reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, bajo la presidencia de Arabia Saudita, el 14 de octubre.