La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó este jueves el informe de la comisión especial que investiga las matanzas de Sacaba y Senkata, dando vía libre al inicio de un juicio de responsabilidades contra la presidenta saliente, Jeanine Áñez, que se enfrenta a seis procesos penales más.

Los cargos contra Áñez incluyen resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad, desaparición forzada de personas, por la represión policial en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto.

La comisión especial del Parlamento de Bolivia recomienda en su informe final iniciar dos juicios de responsabilidades contra Añez y miembros de su gabinete por las masacres de manifestantes tras el golpe de 2019.

Dicho informe detalla que por el caso de los sucesos en Sacaba, en El Alto, donde murieron al menos 36 personas, «se ha determinado juicio de responsabilidades contra Jaenine Áñez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte y asociación delictiva».

La segunda causa está relacionada con la firma del decreto 4078 el 14 de noviembre de 2019, un día después de que Áñez jurara el cargo, cuando las protestas se sucedían a lo largo de todo el país.

En concreto, el artículo 3 de esta medida eximía de responsabilidad a los militares, por lo que se acusa a Añez de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Por esta causa, además, se enjuiciará a todos los ministros que firmaron el decreto, once en total.

Con la aprobación del informe, la Asamblea ha dado luz verde a iniciar un juicio ordinario contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, por los delitos de genocidio y asesinato, entre otros, así como contra el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el excomandante del Ejercito Williams Kaliman por los mismos delitos.

Los casos han sido derivados a la Fiscalía General del Estado (FGE), la Procuraduría General del Estado (PGE) y la Contraloría, que seguirán con las investigaciones y abrirán los procesos penales.